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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) reveló una colusión entre las empresas Indura y Linde Gas Chile, dirigida por los gerentes generales Marcelo Torres y Sergio Novelli, junto a David Lori, ejecutivo, cuyos teléfonos fueron intervenidos. La confabulación abarcó clientes industriales y medicinales en diversos rubros entre noviembre de 2019 y enero de 2021. Las compañías debían evitar competir efectivamente en licitaciones y cotizaciones, manteniendo la porción de clientes que ya abastecían. Se vieron involucrados sectores como metalúrgico, hospitalario, minero y más. La FNE solicitó una multa de más de US$31 millones y destacó la gravedad de la colusión en plena pandemia de Covid-19.
“Esta colusión afectó a clientes industriales y medicinales, cubriendo una amplia gama de rubros (…)”.
Ese fue uno de los tajantes detalles que dio la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al destapar la colusión entre las empresas Indura y Linde Gas Chile, orquestadas principalmente por los gerentes generales de ambas, Marcelo Torres y Sergio Novelli, y David Lori (ejecutivo), a quienes se les intervinieron sus teléfonos.
Cabe remarcar que esas dos compañías se desenvuelven en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales; y la confabulación entre ambas ocurrió entre noviembre de 2019 y enero de 2021.
El trato entre ambas era el siguiente: ante los clientes en los que la otra empresa era incumbente, debían evitar competir de manera efectiva, ya fuese absteniéndose de participar en la respectiva licitación o cotización, ofertando precios deliberadamente elevados para no ganar el negocio, retirándose del proceso si el cliente se interesaba en la propuesta, o desistiéndose de la oferta presentada en caso de resultar adjudicada.
“En los casos en que ambas empresas atendían al mismo cliente, cada una debía mantener aquella porción que ya abastecía”, añadió la FNE.
Empresas del rubro metalúrgico, papelero, forestal, constructor, acuícola, alimentario, laboratorios, minería, refinería de petróleo, acero, vidrios y hospitalario, entre otras, figuran -de acuerdo a la FNE- entre las afectadas.
Conforme a un documento de la FNE, por ejemplo, los hospitales Félix Bulnes (región Metropolitana), el de Quellón y el laboratorio SGS Chile Limitada Sociedad de Control habrían solicitado cotizaciones y servicios a Linde Gas Chile.
Sobre los contactos con el recinto ubicado en la Isla Grande, la FNE detalló que “en enero de 2021, este hospital contactó a Linde solicitando una cotización para un eventual contrato directo que podría abarcar a todos los hospitales del Servicio de Salud de Chiloé (…)”.
En el rubro minero, se apuntó a la minera del Grupo Luksic (Antofagasta Minerals), que en noviembre de 2019 inició un proceso de licitación “para la provisión de gases industriales en sus cuatro yacimientos. Antucoya, Centinela, Zaldívar fueron atendidos por Linde; y Los Pelambres, por Indura.
Vidrios Lirquén también se indica como afectada.
La FNE, si bien abordó algunos casos, subrayó que son muchas empresas y de variados rubros las dañadas por esta colusión.
Enfatizó que como hay hospitales que pidieron cotizaciones y servicios a Indura y Linde Gas Chile, “la gravedad del ilícito se hace aún más evidente al considerar que la infracción fue contemporánea a la pandemia de Covid-19 que afectó a Chile (…), en donde el oxígeno medicinal jugó un rol clave en el tratamiento de dicha enfermedad y fue un insumo de primera necesidad para el correcto funcionamiento del sistema sanitario del país”.
La FNE dijo que la evidencia que pudo recopilar muestra que, alrededor del mes de abril de 2020, “Marcelo Torres y Sergio Novelli reafirmaron el entendimiento sobre cómo debían comportarse en el mercado, haciendo presente la necesidad de mantener un régimen de respeto de clientes más claro para poder operativizar el acuerdo”.
La indagación de la FNE
En un comunicado, la FNE sostuvo que esta investigación nació gracias a una denuncia, por la que se obtuvo autorización para interceptar líneas telefónicas de los involucrados, lo que permitió más tarde allanar sus domicilios particulares, “desbaratándose un cartel que venía en plena ejecución”.
El acuerdo comenzó tras una reunión entre ambos gerentes generales en noviembre de 2019, la que se realizó en un café de Las Condes.
Indura y Linde comenzaron a forjar un entendimiento que les permitió finalmente repartirse sus clientes, a través de un “acuerdo de caballeros” o pacto de “no agresión”.
La FNE relató que, incluso, en una llamada telefónica interceptada los ejecutivos de una de las empresas se referían a este acuerdo como una situación de “paz y amor” entre Indura y Linde.
Para cumplir el acuerdo, las empresas se abstenían de participar en licitaciones o cotizaciones, también ofertaban precios altos para no resultar adjudicados o se retiraban de procesos si el cliente igualmente se interesaba. Finalmente, igual retiraban ofertas si resultaban elegidos.
Ante el avance de la indagatoria, Linde y sus ejecutivos se acercaron a la FNE para reconocer su participación y entregar los antecedentes que tenían, para así acceder a la delación compensada.
Por todo, la FNE solicitó multas a beneficio fiscal por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a US$31,3 millones ($29.841 millones).
De este total, US$31,2 millones ($29.732 millones) corresponden a Indura y US$114.392 ($109 millones) a su gerente general.
Sin embargo, para Linde y sus ejecutivos se solicitó eximirlos de multas por cumplir con los requisitos para acceder a la delación compensada.
