En el contexto de la crisis que afecta a las isapres, se realizaron revisiones al informe financiero que emitió al respecto la Superintendencia de Salud, en donde expuso algunas cifras y estimaciones.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, el senador Juan Luis Castro, afirmó en esa línea que se ratificaría la “sospecha” de alzas de precios de base, lo cual afectaría directamente el bolsillo de los cotizantes.

“El informe financiero de la Superintendencia de Salud ratifica la sospecha que teníamos, que van a haber alzas de precios base entre el 7% y el 41%”, dijo el legislador.

Acusó, por tanto, que las isapres “van a apretar el bolsillo de los usuarios”.

“Estas son alzas muy significativas y, por lo tanto, aquí tiene que haber claridad en la metodología, qué se va a considerar en la deuda y de qué modo afecta la rebaja del precio”, comentó.

Castro afirmó que es de urgencia tener “súper claro” definiciones en la materia porque, de lo contrario, “es el afiliado el que paga toda esa cuenta y eso sería inaceptable después de años de judicialización”.

Qué pasó

En las discusiones del proyecto de Ley Corta de las isapres, se encuentran analizando las últimas indicaciones que presentó el Ejecutivo.

En paralelo, la Superintendencia de Salud simuló nuevamente la deuda de estas instituciones, con escenarios de alza de precios base (APB) requeridos por cada isapre “para lograr neutralizar el impacto de los fallos por tabla de factores (noviembre 2022) y por GES (agosto 2023), y que consideran una cotización universal de salud del 7%”.

Las APB incorporan una componente retrospectiva y una componente prospectiva.

La componente retrospectiva está asociada al cálculo de “restituciones” (deudas) -tanto retrospectivas como prospectivas-, determinada por la aplicación de los fallos de tabla de factores, el no cobro por menores de 2 años y la adecuación de las primas GES.

La componente prospectiva hace referencia al impacto de los fallos en el resultado operacional mensual de las isapres y las correspondientes APB que requerirían para neutralizar el impacto de los fallos por tabla de factores y por GES, al ejecutoriarse los fallos, es decir el cálculo de “flujos” que se dejan de percibir mensualmente.

Así, se estimó que la deuda total de las isapres ascendería a US$1.184 millones, la cual tendrían que pagar en un periodo de 10 años.