Este viernes, la empresa Codelco y Contraloría General de la República (CGR) pusieron fin a un conflicto que se arrastraba desde 2017.
En el convenio firmado por la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y el órgano jurídico, buscan reforzar los estándares de probidad y transparencia en la empresa pública.
Así lo aseguró el contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien valoró la suscripción del convenio y destacó el esfuerzo conjunto de ambas instituciones para destrabar la causa judicial.
“Esta es una buena noticia para Chile, porque gracias al diálogo y a la voluntad de buscar soluciones estamos poniendo fin a una disputa judicial. Y lo más importante, estamos trabajando en conjunto para reforzar los estándares de probidad y transparencia en la empresa pública más importante de Chile”, dijo Bermúdez.
Conflicto entre Codelco y Contraloría
La disputa entre ambos comenzó cuando el CGR emitió el Informe Final N° 900, en el que el organismo fiscalizó la contratación de bienes y servicios suscritos por Codelco.
En este se consideró el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2013.
En dicha auditoría se detectaron una serie de anomalías. Una de ellas, por ejemplo, la contratación de proveedores con algún grado de parentesco con entonces directivos de la empresa estatal.
Ante este escenario, la compañía realizó una demanda de nulidad de derecho público contra la CGR.
En su acción legal, la cuprífera retrucó que “la pretensión de someter a Codelco a normas que no le son directamente aplicables, genera una seria afectación de sus intereses”.
Al respecto, la CGR, representada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), respondió a la empresa estatal.
“Es ciertamente paradójico que una demanda de nulidad que se dirige contra una auditoría – contra una revisión o inspección de hechos y procesos al interior de una repartición pública -, no impugne ni controvierta ninguno de los hechos o constataciones contenidos en el respectivo Informe”.
El fin a la disputa entre Codelco y CGR
Luego de 5 años de conflicto, la disputa llegó a su fin tras la firma del convenio entre la cuprífera y el órgano contralor.
En específico, las claves de este acuerdo apuntan a que Codelco subirá sus estándares de probidad a la hora de contratar empresas proveedoras de servicios.
Entre los principales aspectos estipulados en el convenio de colaboración, el organismo contralor reconoce los avances significativos logrados por la compañía desde la dictación del Informe Final en 2016.
Lo anterior, en cuanto a sus mecanismos de contratación y las modificaciones en la normativa interna. Esto ha permitido fortalecer y elevar el estándar de probidad en sus distintos procesos.
De esta manera lo afirmó el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien mostró satisfacción ante el acuerdo logrado.
“Estoy tremendamente orgulloso de la firma de este convenio. Sin duda fortalece a Codelco y la relación de colaboración con la Contraloría. Esto nos permitirá seguir avanzando en probidad, transparencia e integridad, como lo ha estado haciendo la compañía y su gente en estos años”.
Compromiso de la empresa estatal
En términos generales, el convenio establece que Codelco se compromete a cumplir con una serie de requisitos para la suscripción de contratos con partes relacionadas, en casos calificados.
Asimismo, las exigencias incluyen la existencia de un evidente beneficio para Codelco:
En primer lugar, que las operaciones se ajusten a las condiciones de equidad que habitualmente existen en el mercado.
Segundo, que la aprobación fundada del directorio explicite estos requisitos.
Y tercero, que los antecedentes de estas operaciones sean depositados en un repositorio que se creará para este fin.
Cabe detallar, que el repositorio en el que se registrará esta información será electrónico. Además, Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y la CGR tendrán acceso expedito a él, a través de sus fiscalizadores.
Finalmente, la Contraloría colaborará con la minera en la verificación de las declaraciones de intereses, patrimonio y parentesco de sus directores y ejecutivos (as) superiores. Esto, a modo que la empresa active las medidas correctivas pertinentes.