Ayer martes los ministros de Obras Públicas, Juan Carlos García; y de Hacienda, Mario Marcel, anunciaron la entrada en vigencia del reajuste de los contratos vigentes de obras públicas que se hayan visto afectados por el alza de los materiales e insumos de construcción.
La medida, estimaron, ayudará a proteger cerca de 30 mil empleos.
El reajuste polinómico se basa en la modificación transitoria al Reglamento de Obras Públicas (DS75) y se aplicará a todos los contratos vigentes de las direcciones de Vialidad, Aeropuertos, Obras Portuarias, Arquitectura y Obras Hidráulicas a nivel nacional.
El ministro García detalló que lo anterior se podría extender potencialmente a 1.423 contratos a nivel nacional, es decir, más de 400 empresas que podrían ser beneficiadas.
“Permitirá concluir las obras y que las empresas no tengan que abandonarlas, como lamentablemente ha ocurrido”, dijo sobre la medida y agregó que permitirá resguardar cerca de 30 mil empleos en todo el país.
En tanto el ministro Marcel explicó que, en términos fiscales, esta medida involucra recursos por alrededor de U$380 millones, los que ya están incluidos en el presupuesto del MOP para 2022, por lo que no implican un gasto adicional.
“Con esto estamos, por un lado, respondiendo a una crisis que se ha producido en el sector de la construcción. Pero, por otro lado, también estamos asegurando que las obras que están comprometidas se ejecuten y que, en términos de inversión, tan necesaria en este momento en Chile, el Estado pueda hacer un aporte significativo tanto en 2022 como en 2023”, señaló.
Ambos ministros sostuvieron previo al anuncio una reunión con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, quien valoró la iniciativa.
“Quiero destacar un punto muy importante que es la confianza entre el mundo público y privado, el actuar colaborativamente da frutos y en ese sentido creo que podemos avanzar mucho en todos los nuevos proyectos que el país y la ciudadanía requieren”, sostuvo el líder empresarial.
El reajuste polinómico es de carácter opcional, se aplicará a todas las empresas que cuenten con estado de pago desde septiembre de 2021, que es el mes con mayor alza de materiales, y las empresas podrán realizar la solicitud a las respectivas direcciones del MOP mandantes en sus contratos hasta el 31 de marzo del año 2023.