El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, desmintió responsabilidad de la cartera en la quiebra de Claro Vicuña Valenzuela, asegurando que en los últimos meses le entregaron pagos por más de 8 mil millones de pesos.

A través de un comunicado, el secretario de Estado indicó que mantienen a la fecha 10 contratos vigentes con CVV y que habían tres obras cerca de terminarse, por lo que descartaban responsabilidad en la solicitud de quiebra.

“Quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se debe a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas. En los últimos meses, se realizaron pagos por más de 8 mil millones de pesos, aún así Claro Vicuña mantuvo bajos niveles de rendimiento, incumpliendo con sus compromisos”, indicó García.

Respecto a la situación de los trabajadores, desde la cartera estatal indicaron que 450 personas trabajaban en las obras que tenía esta constructora y que la empresa no estaba pagando los sueldos.

“Hay empresas que en esta crisis se la han jugado por llegar a soluciones en conjunto con el MOP para terminar las obras. Sin embargo, lamentablemente, hay otros casos donde se intenta responsabilizar y hacer pagar al Estado por crisis globales como la pandemia o el alza de los materiales desconociendo su propia mala gestión”, explicó.

“Ahora nuestra principal preocupación es retomar estas 10 obras a la brevedad y, para este propósito, ya estamos trabajando para ofrecer soluciones a todas las regiones afectadas por el abandono de obras de la empresa Claro Vicuña”, añadió el ministro.

CChC pide “desatar esos nudos arraigados en la burocracia estatal”

La Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) emitió un comunicado la jornada de este viernes, donde lamenta la solicitud de quiebra de la constructora Claro Vicuña Valenzuela, donde sostienen que el sector enfrenta un escenario complejo, particularmente el alza de precios de materiales de la construcción y problemas en la relación con empresas del Estado.

“Lamentamos profundamente la complicada situación por la que pasa una empresa de larga data en la industria de la construcción. Este escenario es consecuencia del alza de precios de los materiales que han afectado a proyectos sin opción de reajustar los precios, como también a las permanentes dificultades en la relación mandante-contratista especialmente con las empresas del Estado, con dificultades en obtención de recepciones, y en definitiva pagos oportunos por los servicios realizados”, dice el comunicado.

“Es urgente trabajar en conjunto para desatar esos nudos arraigados en la burocracia estatal y así evitar que otras empresas puedan enfrentar escenarios tan difíciles como el tener que llegar a la quiebra, desmovilizando proyectos y dejando a personas sin su fuente laboral”, añade el comunicado.