La Asociación de Isapres se refirió este jueves a la votación del capítulo “Derechos Fundamentales” en la Convención Constitucional (CC). Lamentaron que ahí se promueva un sistema único y estatal de aseguramiento en salud.
En ese contexto dijeron que la CC, más que poner foco en las personas, está buscando mecanismos para “desmantelar” el sistema privado de salud, algo que además podría colapsar a Fonasa.
Con lo que plantearía la nueva Carta Magna, “más de 3 millones de afiliados a isapre serán traspasados al Fonasa. Se terminarán sus planes de salud, el modelo de atención que han conocido, y solo optarán a lo que ofrezca el seguro público, en medio de una total incertidumbre sobre cómo se desarrollará esta transformación”, indicó la Asociación de Isapres.
Agregaron que eso será más delicado aún en el caso de los 400 mil pacientes oncológicos, crónicos y adultos mayores que cotizan en Isapre.
“Los convencionales están proponiendo un sistema monopólico estatal, que elimina la libertad de elegir, cuando es el sistema público el que requiere mejoras significativas en el acceso y oportunidad (…). Pensar en aumentar la carga de afiliados es un salto al vacío para las personas”, expresaron en su comunicado.
Seguidamente, señalaron que eliminar a las isapres implicará costos para el Estado. “Estudios concluyen que las cotizaciones del 7% no son suficientes para financiar las atenciones de los afiliados a isapre; por ende, su traspaso a Fonasa generaría un desembolso fiscal adicional”, argumentaron.
“Terminar con las isapres no mejorará al Fonasa, muy por el contrario. Las isapres han sido promotoras del desarrollo de los prestadores privados, y su desaparición reducirá la capacidad de brindar prestaciones en todo el país”, sentenciaron.
Por último, desde la Asociación de Isapres afirmaron estar comprometidas con los cambios necesarios para satisfacer la demanda ciudadana de “una salud digna, de calidad y oportuna para todos”, pero que “desgraciadamente, la propuesta de la Convención Constitucional no ha puesto el foco en las personas, sino en desmantelar el sistema privado, con graves consecuencias para todos los usuarios”.
“Una reforma al sistema que mejore el acceso a las personas no pasa por estatizar. En ese sentido, los conceptos de universalidad, desconcentración, calidad, equidad, eficacia y oportunidad que se han plasmado en el borrador de la Constitución no son antónimos de la participación pública y privada, y no debieran excluir a actores disponibles para asegurar a los pacientes, que en ningún caso deben ver debilitado ni afectado su acceso a tratamientos”, concluyeron las isapres.