La farmacéutica fabricante del adictivo fármaco OxyContin, Purdue Pharma, le propuso a la Justicia de Estados Unidos un plan de 10.000 millones de dólares para salir de la bancarrota y convertirse en una empresa cuyos beneficios irán destinados a la lucha contra la crisis de los opiáceos, como pactó con las autoridades.

La firma entregó este lunes por la noche en un tribunal de quiebras de White Plains (Nueva York) los documentos de su plan de restructuración, que incluye un monto de 4.275 millones con el que no se contaba antes y aportado por la familia propietaria, los Sackler, a lo largo de los próximos nueve años para resolver demandas civiles.

En un comunicado divulgado este martes, el presidente de Purdue, Steve Miller, consideró que el plan “puede tener un profundo impacto positivo en la salud pública al dirigir recursos de alta necesidad a comunidades e individuos de todo el país afectados por la crisis de los opiáceos”, y dijo que cuenta con un gran apoyo de los acreedores.

Este plan pasa por disolver Purdue Pharma y transferir sus activos operativos a una compañía nueva con orientación “pública”, pero no gestionada por los gobiernos estatales ni locales, para combatir la devastadora crisis a la que contribuyó su fármaco OxyContin, además de dar dinero a ‘trusts’ o fondos “en beneficio de los estadounidenses”.

De acuerdo a la nota, esos fondos establecidos por el plan recibirían una inyección de 500 millones de dólares una vez Purdue salga de la bancarrota; más unos 1.500 millones que se calcula generarán los activos y operaciones de la nueva compañía hasta 2024 y los 4.275 millones a los que se comprometen los Sackler.

Purdue también prevé una financiación de 4.000 millones procedente de tres fármacos para tratar las sobredosis y la adicción que la nueva compañía desarrollará y distribuirá a un precio de coste o menor.

“Con las sobredosis por fármacos aún en niveles récords, es hora de poner los activos de Purdue a trabajar para acabar con esta crisis. Estamos seguros de que este plan logra esa importante meta”, agregó Miller.

El tribunal decidirá si aprueba o no el plan en una audiencia programada el 21 de abril.

Una veintena de fiscales generales del país, mayoritariamente demócratas, expresaron este martes su “decepción”: “Aunque contiene mejoras respecto a la propuesta que Purdue anunció en septiembre de 2019 y nosotros rechazamos, no cumple la rendición de cuentas que las familias y supervivientes merecen”, escribieron en un comunicado.

En paralelo a su proceso de quiebra, Purdue se declaró el pasado noviembre culpable por su papel en la crisis de los opiáceos, que se ha cobrado cientos de miles de vidas en Estados Unidos en las últimas dos décadas, como parte de un acuerdo de más de 8.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia para resolver cargos criminales y civiles.