Luego que Chile abriera la industria del casino a privados, en 2005, se zanjó que en la próxima ronda de licitaciones los jugadores nacionales y extranjeros de ese entonces tendrían preferencia para retener o renovar las licencias en base a la inversión e infraestructura que desarrollarían.

Ese proceso dio sus primeros pasos de la mano de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en julio de 2020, con miras a otorgar o renovar permisos para 12 recintos a partir de julio de 2023.

No obstante, aquello está suspendido desde noviembre debido a una decisión de la misma entidad en línea con las restricciones y el estado de catástrofe vigente por la pandemia.

Ahora, la próxima fecha clave para el proceso será octubre de 2021, cuando los interesados en acceder a una licencia para operar deberán presentar sus ofertas técnicas, es decir, finalmente tendrán que competir por un pase para continuar abiertos, algo que no estaba en el entendido colectivo.

Esto generó molestia de inmediato en el gremio y la Asociación Chilena de Casinos de Juego anunció en 2020 demandas contra el Estado.

También acusaron al Ejecutivo de llevar adelante una licitación ilegal, que genera “incerteza jurídica” y que arriesga US$1.400 millones de inversión sumado a “miles de empleos”.

En conversación con Bloomberg, Michael Wagman, presidente de la canadiense Clairvest (con participación en Marina del Sol), aseveró que las ofertas “al mejor postor” enviarán el mensaje equivocado si es que La Moneda quiere fomentar la imagen que Chile es un buen lugar para hacer negocios.

“La gente mirará cómo el Gobierno actuó y tendrán que hacer suposiciones mucho más conservadoras sobre qué le ocurrirá a sus licencias”, comentó el directivo.

Pese al anuncio de acciones legales en suelo nacional, Clairvest deslizó la idea de llevar a instancias internacionales las diferencias, de no encontrar una solución acá.

Eso sería ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial donde, cuestionando el prestigio de Chile, esperan que la administración Piñera de marcha atrás.