Fue tras su publicación en el Diario Oficial a principios de mes, que empresas de transporte de pasajeros mostraron su preocupación frente a los alcances de la extensión a la Ley de Protección al Empleo hasta enero de 2021.
La iniciativa permitirá que los trabajadores accedan hasta un décimo pago del Fondo de Cesantía Solidario de mantener sus contratos suspendidos por acto de autoridad, en este caso, por la pandemia de coronavirus.
Sin embargo, esta modificación no contempla la suspensión por mutuo acuerdo, como lo es en el caso de la industria al ser considerada una actividad esencial, por lo que quedaría fuera del beneficio.
La gerenta general de la Asociación de Buses Interprovinciales, Carolina Navarrete, dijo que esta situación afectaría a cerca de dos mil trabajadores, quienes no podrían ser reincorporados en sus funciones.
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El director ejecutivo de Turbus, José Antonio Errendonea, dijo que están trabajando en medidas para evitar despidos masivos que podrían afectar a casi 2.600 empleados.
A su juicio, es fundamental incorporar a la industria en esta modalidad, de manera de retomar gradualmente sus actividades.
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En el Gobierno, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, recalcó el compromiso de la cartera para buscar soluciones dentro del marco legal.
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De acuerdo al Ministerio del Trabajo, se han reincorporado a sus puestos laborales 410 mil personas acogidas a la Ley de Protección al Empleo, el equivalente al 52,3% de las solicitudes aprobadas.