En el contexto del complejo escenario económico emanado de la crisis sanitaria, el mercado laboral local tuvo un ajuste para poder enfrentar las dificultades: la Ley de Protección del Empleo (LPE).

El estatuto permite la suspensión temporal de la relación laboral en empresas cuyas actividades fueron afectadas -total o parcialmente- por restricciones sanitarias, permitiendo al trabajador acceder a fondos del Seguro de Cesantía.

Sin embargo, una encuesta realizada por el Banco Central (BC) reveló que casi la mitad de las empresas tendría dificultades para reincorporar a los trabajadores cuando pase la crisis por la pandemia del Covid-19.

De 230 empresas consultadas por el emisor, un 47% dijo que estará obligado a concluir la relación laboral, pero que tiene la esperanza de retomarla a futuro.

Al 7 de junio, según datos de la Superintendencia de Pensiones, más de 610 mil trabajadores fueron acogidos a la nueva Ley.

En el IPoM, el BC destacó que los bancos centrales y los gobiernos alrededor del mundo han puesto un especial énfasis en evitar que la brusca caída de los ingresos de las personas y empresas, buscando evitar también que ello se traduzca en un problema de insolvencia financiera.

Mario Marcel, presidente del BC, sostuvo en las últimas horas que “recuperar la economía de shocks como los que estamos viviendo es una tarea compleja, que hay que seguir hasta el final (…)”.

En ese contexto, indicó que “pese a los avances de las últimas décadas, somos aún un país emergente, con debilidades y vulnerabilidades que afectan a segmentos importantes de la sociedad y el sistema productivo”.

Marcel complementó que nuestras instituciones “pueden ser más sólidas que las de algunos pares, pero aún no cuentan con la fortaleza suficiente como para inspirar la confianza que permita contener el aumento de la incertidumbre frente a eventos inesperados, ni para proteger lo suficiente a los que más lo necesitan”.