La suprema corte de justicia alemana condenó este lunes al grupo automovilístico alemán Volkswagen (VW) a reembolsar en parte a un cliente de un auto equipado con un motor diésel trucado, en un fallo que debería tener influencia en decenas de miles de juicios, cinco años después del estallido de este escándalo.
Al equipar a sus vehículos con programas capaces de hacerlos parecer menos contaminantes de lo que en realidad eran, Volkswagen “engañó de manera consciente y sistemática durante varios años” a las autoridades “en una perspectiva de rentabilidad”, explicó el juez Stephan Seiters.
El fallo del Tribunal Federal de Justicia (BGH) de Alemania, máxima instancia judicial del país, es el primer revés legal importante para el gigante alemán en este escándalo que ha sumido a la industria automovilística, un pilar de la economía del país, en una crisis histórica de la que todavía no ha salido.
La vista del lunes se refirió específicamente al caso de Herbert Gilbert, de 65 años, que compró un Volkswagen Sharan diésel de segunda mano en 2014, o sea uno de los 11 millones de vehículos que el fabricante de automóviles reconoció en septiembre de 2015 haber equipado con un software que falsea las emisiones contaminantes.
Un Tribunal de Apelación había dado la razón al jubilado y ordenó al fabricante pagar 25.616 euros y aceptar la devolución del vehículo, una suma inferior al precio de compra de 31.490 euros porque los jueces tuvieron en cuenta la pérdida de valor por el uso.
Volkswagen y el demandante apelaron la sentencia, el primero porque consideraba que no tiene que pagarle una compensación y el otro para recibir el precio total de compra.
Finalmente, el Tribunal Federal de Justicia confirmó la sentencia del tribunal de alzada al dictaminar que Gilbert tiene derecho a un reembolso pero que éste “debe tener cuenta” la utilización del vehículo y por ende su pérdida de valor con el correr del tiempo, lo que excluye un reembolso total del precio de compra.
¿Epílogo?
Aún así en las últimas semanas un acuerdo amistoso que cubría cientos de miles de casos y el final de una investigación penal ya quitó un gran peso de encima a Volkswagen.
A finales de abril se celebró un juicio sin precedentes en Alemania, una demanda colectiva (al estilo de la class action estadounidense) que agrupó a cientos de miles de demandantes.
Volkswagen pagará al menos 750 millones de euros para indemnizar a 235.000 clientes en virtud de un acuerdo extrajudicial, una suma que puede parecer pequeña en comparación con los más de 30.000 millones de euros (unos 32.700 millones de dólares) que ya le costó el escándalo, principalmente en Estados Unidos.
Sin embargo, unas 60.000 demandas de clientes individuales continúan en los tribunales alemanes, y el dictamen del Tribunal Federal será crucial para ellas.
Según varias investigaciones de la prensa alemana, el fabricante intentó retrasar la llegada del “dieselgate” ante el Tribunal Superior para aprovechar la pérdida de valor de los vehículos, lo que VW niega.
A nivel penal, el actual director ejecutivo, Herbert Diess, acusado por la fiscalía de manipulación de los mercados financieros; y el director del consejo de supervisión, Hans Dieter Pötsch, han quedado fuera de peligro después de que VW pagara 9 millones de euros como parte de un acuerdo con los tribunales.
Las únicas investigaciones importantes que quedan pendientes afectan a Martin Winterkorn, director ejecutivo de VW cuando se descubrió el escándalo, y al exjefe de Audi, Rupert Stadler. También hay una investigación de la fiscalía de Stuttgart abierta contra Pötsch.
Y hay un juicio pendiente con los inversores, que exigen una compensación por la drástica caída del precio de las acciones de Volkswagen en la bolsa. Sin embargo, el final de la investigación contra los ejecutivos ha fortalecido la posición del fabricante en este caso.