El pasado 8 de abril comenzó el proceso para que las empresas pudieran acogerse a la nueva Ley de Protección del Empleo, recientemente promulgada, a través de la Administradora de Fondos de Cesantía.

A poco más de una semana, según las últimas cifras que reveló el propio Ministerio del Trabajo, más de 23 mil compañías se inscribieron para optar a la suspensión del vínculo laboral o bien la reducción de jornada, en cuyos casos la remuneración de los trabajadores la asume su seguro de cesantía.

Hasta ahora, entre ellas se han acogido una serie conocidas empresas multinacionales, principalmente relacionadas al comercio, como Burger King, H&M, Starbucks y más recientemente Ripley.

En el caso de la cafetería, notificaron al total de sus empleadores de esta decisión, a contar desde el 3 de abril, comprometiendo además un pago equivalente al 10% de su remuneración original, en forma única.

En Ripley, en tanto, negociaron un bono de 150 mil pesos, también en forma única, con parte de sus sindicatos, mientras un grupo cercano a los 9 mil trabajadores no aceptaron estas condiciones.

Tanto el presidente del sindicato Starbucks, Andrés Giordano, como el presidente de la Federación de Sindicatos Empresas Ripley, Leandro Cortez, se mantienen a la espera de un proceso que probablemente se va a judicializar, puesto que consideran arbitraria la decisión, tomando en cuenta las utilidades de ambas empresas, que sí permitirían mantener los salarios.

El requisito para acceder a esta modalidad es la fuerza mayor, o imposibilidad de mantener las obligaciones contractuales, por ejemplo, por un decreto de cuarentena comunal. La otra opción es pactarlo directamente con sus trabajadores.

En ese sentido, el abogado y profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, criticó la norma y aseguró que es completamente desproporcional, favorable a las empresas, respecto a la capacidad de los trabajadores de rebatir lo que es un caso fortuito o fuerza mayor.

A contramano, el abogado de Moraga y Cía y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Diego Messen, discrepó respecto de esta consideración, ya que -en su opinión- la legislación es de carácter general y no puede discriminar por tamaño o el giro que tenga cada compañía.

Una de las propuestas que se le ha planteado a la autoridad surgió desde la Cámara de Comercio de Santiago, donde plantean que el acceso al beneficio debiera limitarse por las pérdidas de cada empresa.

En el ámbito político, la diputada de Convergencia Social y presidenta de la comisión de Trabajo, Gael Yeomans, lamentó la falta de apoyo en el Congreso para regular estos parámetros, mientras que el diputado UDI, Guillermo Ramírez, señaló que el tamaño de las empresas no es relevante a la hora de evitar despidos.

En este escenario, el Ministerio del Trabajo informó que este viernes dará a conocer un balance sobre el impacto de la crisis sanitaria en el empleo, con datos sobre desvinculaciones, pero también respecto a las empresas que hasta ahora se han acogido a esta nueva ley.