La Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G (SalmonChile), el gremio que agrupa a las empresas que producen y proveen en el rubro, informó que suspendió la participación de tres de las cuatro productoras de alimento para salmón acusadas de colusión por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
La agrupación decidió suspender a las empresas involucradas “hasta que ese órgano jurisdiccional se pronuncie respecto de los hechos”, pese que reconocen que éstas “tienen derecho al debido proceso y a presentar sus descargos”.
Se trata de Biomar Chile S.A. (Biomar), Comercializadora Nutreco Chile Limitada (Skretting), Ewos Chile Alimentos Limitada (Ewos) -no forma parte de SalmonChile- y Vitapro Chile S.A. (Salmofood), las que se ponían de acuerdo entre ellas para fijar los precios de sus productos, entre 2003 y 2015.
Tras conocerse la noticia, SalmonChile emitió una declaración pública donde consideraron de “la mayor gravedad” los hechos denunciados por la FNE, afirmando que estas prácticas “se alejan de los valores que promovemos”, por lo que indicaron que analizarían los pasos a seguir como gremio. Respuesta que llegó en forma de suspensión.
“Durante 35 años las empresas productoras de salmón que forman parte de SalmonChile han demostrado con hechos que son tremendamente competitivas, lo que les ha permitido llegar con un producto de calidad y a precios competitivos a más de 100 mercados de todo el mundo”, indicaron.
“Tenemos la obligación de recalcar que nuestras empresas productoras de salmón son potenciales víctimas de esta colusión, pues serían las principales afectadas”, añadieron desde el gremio, lo cual derivó en la suspensión de la participación de las compañías.
Además afirmaron que esperan que la causa se resuelva en planos razonables y que se apliquen las medidas correspondientes.
Por su parte, desde Vitapro afirmaron que seguirán colaborando en las investigaciones para demostrar “en las instancias pertinentes, que no está sujeta a sanción legal alguna”.
Ahora será tarea del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) investigar el caso, luego que el FNE presentara un requerimiento y pidiera que a las empresas involucradas se les aplique una multa de 30 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) a cada una, monto máximo contemplado en la ley vigente cuando ocurrieron los hechos acusados y que asciende a unos US$70 millones en total.
