En agosto de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) concluyó que el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) incurrió en prácticas ilegales que obligaron a 89.988 clientes de créditos hipotecarios a pagar por un seguro de desgravamen más caro, excluyendo arbitrariamente la alternativa más barata.
A raíz de esa práctica, constató la FNE, desde 2017 los clientes pagaron un sobreprecio cercano a los $1.500 millones. Por tanto, el regulador inició las correspondientes gestiones al respecto.
Durante las últimas horas -y en el marco de este mismo caso- la Organización de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) anunció que interpuso una acción legal en contra de la institución bancaria.
En detalle, el banco habría infringido la Ley 20.552, relativa a la modernización y fomento de la competencia del mercado financiero; y la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, que garantiza la obtención de mejores condiciones de participación de las personas en el mercado financiero, el cumplimiento de las condiciones ofrecidas y la entrega de información veraz y oportuna.
La Odecu explicó que esta última ley vela para que a los usuarios no sufran “posibles abusos por parte de las instituciones financieras como forzarlos a contratar ciertos productos o servicios más costosos, que los que podrían obtener en un mercado realmente transparente y competitivo”.
La acción legal interpuesta por esta organización tiene como antecedente la indagación que realizó previamente la FNE.
Solicitudes concretas
En concreto, la Odecu solicitó a la justicia que BCI devuelva “el dinero defraudado a los clientes afectados” (entre $1.500 y $1.900 millones). Es decir, una devolución promedio aproximada de $21.000 por cada cliente (dependiendo del monto asegurado y características de cada póliza), más reajustes e intereses.
Además, pidió “una compensación por el daño moral causado a los clientes defraudados. Para estos efectos se solicitó el pago de $20 mil por cada año de vigencia de las pólizas. Cifra que deberá ser calculada en cada caso”.
Por último, la Odecu indicó que también buscará que se multe al Banco BCI “por el monto máximo que establece la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores por cada caso de clientes afectados (300 UTM). Esto da un total aproximado de 27 millones de UTM, es decir, aproximadamente US$1.755 millones”.
Respuesta de BCI
Después de publicada esta nota, BCI emitió un comunicado asegurando que “cumplió íntegramente con toda la normativa que rige las licitaciones de seguros asociadas a créditos hipotecarios”.
En concreto, añadió la entidad bancaria, en 2017 la respectiva licitación fue adjudicada “a la Compañía de Seguros y Corredora de Seguros que, habiendo cumplido con las exigencias establecidas en las bases de licitación, presentaron la oferta más económica”.
A renglón seguido, la entidad expresó que su actuar “siempre ha estado enfocado en el cumplimiento de las normas y en el cuidado de sus clientes, con pleno respeto a las normas de protección a los consumidores, a las reglas de libre competencia y todas las normas que le resultan aplicables”.
Finalmente, el banco reiteró su convicción en cuanto a su actuar “enmarcado permanentemente dentro de la normativa vigente” y sostuvo que a la fecha no ha sido notificado de la demanda presentada por Odecu.
