El abogado querellante por la emergencia ocurrida hace casi un año en Quintero, Remberto Valdés, señaló que las últimas diligencias de la Fiscalía confirman los delitos denunciados, incluido el perjurio por el que pidió se formalice a los responsables de ENAP.

Antecedentes de Radio Bío Bío apuntan a que además de un informe de la PDI, las recientes pesquisas tienen que ver con interrogatorios a los gerentes de la estatal en Bío Bío y Valparaíso, así como distintos jefes de unidades en ambas refinerías.

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A casi un año de la emergencia que dejó a casi 2.000 personas atendidas en centros asistenciales por la contaminación que sindica como responsable a un cargamento de crudo iraní que ENAP recibió, se conocieron nuevos antecedentes en poder del Ministerio Público y que responsabilizarían a encargados de la estatal.

Entre los informes que darían cuenta de un ocultamiento de situaciones que pusieron en riesgo la vida de los habitantes del cordón industrial Quintero-Puchuncaví está uno de la PDI, que según el abogado querellante, Remberto Valdés, confirma que gerentes y jefes de unidades de la refinería Aconcagua deberían ser imputados por el delito de perjurio.

Además, según informaciones recopiladas por La Radio, la tesis anterior sería también confirmada por los últimos interrogatorios a gerentes, jefes de turno en proceso y programación de mezcla, así como operadores jefe de las plantas de cracking, hidrocraking y movimiento de productos, tanto de las refinería en Concón como en Hualpén.

A su vez, también las declaraciones habrían confirmado la tesis de la Fiscalía, en cuanto a que la diferencia entre la emergencia en Quintero y Talcahuano, donde sólo se produjo durante el trasvasije de 80 mil metros cúbicos de Iranian Heavy, estaría en que ENAP Valparaíso no habría seguido el protocolo que permite sólo un 6% del pesado crudo en la mezcla de petróleo a refinar, según subrayó Valdés.

Las recientes diligencias del Ministerio Público serían las últimas previo a la decisión de la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, de formalizar a empleados de la estatal y además radicar la investigación en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, por estar en esa comuna el inicio de la comisión de delitos medioambientales.