La Fiscalía Nacional Económica (FNE) concluyó, tras dos investigaciones, que el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) incurrió en prácticas ilegales que obligaron a que cerca de 80 mil clientes pagaran por el seguro de desgravamen más caro.
A raíz de esta práctica, según constató la FNE, los clientes pagaron un sobreprecio cercano a los $1.500 millones que le permitieron a BCI beneficiarse por dos años.
Producto de lo anterior, las indagatorias de la FNE culminaron con la presentación de un requerimiento contra el BCI ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y con el envío al Ministerio de Hacienda y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de propuestas de cambios normativos sobre la regulación de estos productos.
En su requerimiento, la FNE señala que el banco infringió el Artículo 3° del Decreto Ley 211 en el marco de la licitación del seguro colectivo de desgravamen asociado a sus créditos hipotecarios del 2017, pues excluyó arbitrariamente la oferta que contenía el menor precio, presentada por la aseguradora Rigel con los servicios de corretaje de Burgos, para declarar ganadora a una propuesta más costosa, presentada por la aseguradora BICE con los servicios de corretaje de BCI Corredores, que es una de las empresas filiales del BCI.
A través de esta actuación, afirma la FNE, el BCI logró beneficiarse económicamente, pues obtuvo de modo mensual, durante dos años, ingresos que no habría recibido si la licitación hubiese operado en condiciones competitivas.
Todo esto, según el requerimiento, en directo perjuicio de los deudores hipotecarios de este banco que a la fecha de la licitación superaban los 80.000, quienes debieron asumir finalmente una prima superior a aquella ofrecida por la mejor oferta. Así, durante los dos años de vigencia de la póliza, estos clientes pagaron por el seguro de desgravamen un sobreprecio cercano a los $ 1.500 millones de pesos.
Dada la ejecución de este abuso explotativo, la FNE solicitó al TDLC que ordene al Banco Bci realizar licitaciones que aseguren una competencia efectiva entre los oferentes, con la debida transparencia en los procesos licitatorios, y la aplicación de una multa a beneficio fiscal de 3.500 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a cerca de US$ 3 millones.
Consultados desde BioBioChile por la situación, desde la compañía se limitaron a señalar que están a la espera de recibir la notificación formal sobre la acción legal realizada por la FNE.
“Analizaremos los antecedentes cuando seamos notificados del requerimiento, con la convicción de que en BCI velamos permanentemente por el cumplimiento del marco legal y normativo vigente”, indicaron.