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El próximo lunes se votará la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto inmobiliario “Ciudad del Parque” que busca ser emplazado en el centro penquista, el cual cuenta con el rechazo de vecinos y apoderados de los dos colegios del sector.
Al respecto, los grupos opositores analizan recurrir al Tribunal Ambiental, convocando a una marcha para este sábado.
Si bien la iniciativa está en tabla de la Comisión de Evaluación, el proyecto de la inmobiliaria Aitué ya cuenta con recomendación favorable del Servicio de Evaluación Ambiental recordó el intendente, Sergio Giacaman, mientras que son siete los edificios que se proyectan construir,en una iniciativa que tiene el rechazo de vecinos y apoderados de los dos recintos educacionales.
En Chacabuco, entre Colo Colo y Castellón, es el punto donde se busca levantar el proyecto inmobiliario que tiene recomendación favorable del SEA.
Eso sí, el vicepresidente del Centro de Padres y Apoderados del Colegio Instituto de Humanidades, Julián Martínez, dijo que quedan muchas acciones, por lo que recurrirán al Tribunal Ambiental.
Los colegios deben ser comunidades protegidas, insistió Camila Fernández, apoderada del Colegio Francés, quien ve con preocupación lo que ocurrirá el próximo lunes, tomando en cuenta que ellos están exigiendo un Estudio de Impacto Ambiental.
Mientras tanto, convocaron a una marcha para este sábado al mediodía, en un recorrido que se iniciará en el Instituto de de Humanidades dijo Irene Flores, presidenta de la Junta de Vecinos Parque Ecuador Sur, agregando que también analizarán la presentación de un recurso de protección.
A través de un comunicado de 5 puntos, el gerente ggneral de Aitué, Rodrigo López, manifestó que respetan la opinión del movimiento opositor al proyecto, destacando que la empresa tramitó una Declaración de Impacto Ambiental robusta, con información técnica de alta calidad.
Entre otras cosas, agregó que pese a no llegar a acuerdo con los colegios, mantienen la convicción de conservar las instancias de relación que han llevado en los últimos 10 meses, por lo que no retirará de la mesa de trabajo el plan de medidas de control adicionales que solicitaron los establecimientos.
