Gerente de Uber y proyecto que busca regularlo: Así como está, el 80% de Chile perderá el servicio

La aplicación de transporte Uber irrumpió en el mercado chileno en 2015, prometiendo inmediatez y precios accesibles para quienes necesiten movilizarse; y una oportunidad de ganar dinero a los adscritos como socios conductores. La situación alertó al rubro regulado -sobretodo a los taxistas- y las autoridades admitieron un vacío legal al respecto.

Actualmente, el Congreso avanza en un proyecto de ley para reglar a las aplicaciones como Cabify, Beat y Uber, con el objetivo de resguardar a pasajeros y conductores; y exigirles estándares y obligaciones (como las tributarias) a dichas firmas.

En conversación con BioBioChile, esta última reveló sus estimaciones en caso de que se concrete la ley “tal como está y sin modificaciones”: advirtió que Uber podría dejar de ser lo que es y que el 80% del país perdería el servicio. A su vez, coincide que legislar es necesario para todos, pero que el proyecto “necesita ajustarse”.

“Apoyamos la necesidad de un marco regulatorio en Chile, debido a que nuestra tecnología es utilizada por más de 2,2 millones de usuarios y más de 85 mil socios conductores que generan ingresos a través de la plataforma”, sostuvo el gerente de Asuntos Gubernamentales de Uber, Nicolás Sánchez.

Conforme a sus análisis, hay un punto del proyecto que se discute que será el más perjudicial en la práctica: la exigencia de que todo aquel que conduzca para la app tenga una licencia profesional (clase A1, A2 o A3).

“Ello significará la disminución de la cantidad de conductores, porque para tener una de esas licencias necesitas tener tiempo para hacer un curso y necesitas tener dinero para pagarte ese curso”, explicó Sánchez.

A renglón seguido, profundizó en que lo anterior hará que menos conductores circulen por las calles, por lo tanto -y ante la demanda- subirán las tarifas.

“Se suma, además, el congelamiento del parque, que implica que no se admitirán nuevos conductores por un año. (…) Nuestras tarifas podrían multiplicarse hasta tres veces y los tiempos de espera para quien solicita un auto, también”, indicó.

Sánchez expresó que “la gente ha hecho de Uber una herramienta de uso diario” y que el marco normativo afectará “directamente a la ciudadanía”.

“Apoyamos la regulación, pero estamos muy preocupados, porque la regulación que se discute en el Senado está considerando medidas que en la práctica van a hacer que el 80% del servicio no esté disponible en todas las ciudades de Chile, por lo tanto, el Uber que conocemos hoy en día va a dejar de existir”, sentenció.

Por lo anterior, desde la firma solicitan que las autoridades “consideren al ciudadano”, que puede ser “el gran olvidado” en el proceso legislativo.

“Nos damos cuenta del impacto cuando las leyes ya están aprobadas. Hoy, los parlamentarios tienen una oportunidad no sólo de poner al frente a los usuarios de Uber, sino a los miles que usan múltiples plataformas en Chile. La idea es buscar alternativas. A la vez entendemos la necesidad de que nos exijan estándares”, puntualizó Sánchez.

¿Qué busca el proyecto de ley que se discute en el Congreso?

La norma, de acuerdo a información disponible en el sitio web del Senado, tiene por objeto establecer las condiciones que deben reunir las aplicaciones, las que serán consideradas como “empresas de transporte remunerado” de pasajeros, entendiendo que la plataforma forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un “servicio de transporte”.

Detalles de lo que exigirá la eventual ley

-¿Qué deberán hacer las empresas?: tendrán la obligación de inscribirse en un Registro de Empresas de Aplicación de Transporte (EAT), a cargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el que debe consignarse información de esta y también de los vehículos y conductores asociados.

-¿Existirán requisitos para las empresas?: para que las EAT puedan prestar servicios de transporte remunerado de pasajeros, deberán estar constituidas en Chile, mantener un canal oficial para que los usuarios puedan efectuar consultas o presentar reclamos; y contratar seguros de responsabilidad civil para los conductores y pasajeros.

-¿El proyecto dice algo sobre las conductas de los conductores?: establece que los conductores deben contar con una licencia profesional clase A-1 y no tener en su certificado de antecedentes especiales anotaciones por determinados delitos de connotación social.

-¿Habrá sanción si no se cumplen las normas de conducta?: sí, habrá una “multa a beneficio fiscal no inferior a $483.530 ni superior a $4.835.300”, precisaron en el Senado.