La pesquera Landes de Talcahuano anunció la imposibilidad de mantener su línea de procesamiento de jibia y la necesidad de iniciar despidos la próxima semana.

Esta sería la primera consecuencia directa de la aprobación de la ley que otorga la captura de la jibia en exclusiva al sector artesanal.

La línea de negocio de la jibia representa un tercio de la operación de la compañía que opera hace más de 60 años en la Isla Rocuant en Talcahuano.

Posee una planta de congelados de jurel y jibia, además de una planta de hidrolizados y una línea de procesamiento para harina y aceite de pescado, con una flota compuesta por cinco buques y un equipo de 400 trabajadores propios.

El gerente general de la compañía, Andrés Fosk, informó que son 200 los puestos de trabajo perdidos entre agosto del 2018 y agosto próximo, y que además congelará una inversión de 6 millones de dólares ($4.078.410.000) que tenía proyectada para Talcahuano.

“Desgraciadamente a partir de la próxima semana ya van a empezar a materializarse los ajustes necesarios de la compañía para poder enfrentar el difícil momento que las nuevas y malas normas están generando”, aseveró.

El ejecutivo de la compañía acudió esta mañana a la Municipalidad de Talcahuano, para manifestar al alcalde de la comuna, Henry Campos, preocupación por el futuro laboral.

El jefe comunal indicó que la industria pesquera entrega en la región 8 mil puestos de trabajo directos y 11 mil indirectos, siendo enfático en señalar que el impacto de esta ley se sentirá en la ciudad.

Los trabajadores de la pesquera pidieron ayuda para ver cómo el Gobierno se hará cargo de los trabajadores de la empresa que perderán sus trabajos de aquí a agosto, cuando no se pueda trabajar en la jibia.

Así lo manifestó Victor Mora, presidente del Sindicato de Empleados Número 1 de Landes, haciendo ver que los empleos del sector son formales y estables.

Desde Landes consideran que el actuar del Gobierno ha sido errático desordenado e incluso negligente; no sólo con el proyecto jibia, sino también con el avance del proyecto de anulación de la Ley de Pesca.

Frente a los emplazamientos, el intendente del Bío Bío, Jorge Ulloa, respondió que la ley no fue una decisión política.

“Es una ley que vino desde los legisladores (…), yo puedo entender, pero quiero dejar sumamente claro que esta no es una ley que haya sido originada en el Ejecutivo, ni que haya sido compartida por el Ejecutivo”, afirmó la autoridad.

Aseguran que en cinco meses más el panorama será más dramático, pues tendrán que dar de baja dos barcos, desvinculando a su tripulación.

Al respecto, el gerente de Landes explicó que se analizó la posibilidad de reubicar a los trabajadores, pero el escenario regulatorio del sector pesquero, que se avecina con la anulación de la Ley de Pesca, cierra todas las posibilidades de darle proyección al negocio.

Este año, debido a fenómenos climáticos y oceanográficos, no se ha podido capturar jibia, y no existe claridad de si la temporada está retrasada o definitivamente no habrá. A esto se suma que en agosto la industria quedará fuera de la captura del recurso, que en los últimos años ha constituido su mayor fuente de ingresos.