Los tradicionales medidores de energía eléctrica desaparecerán en siete años, puesto que serán reemplazados por dispositivos “inteligentes” gracias a una inversión de US$1.000 millones.
El año pasado se publicó en el Diario Oficial un decreto que modifica las tarifas de distribución eléctrica hasta el año 2020 y obliga a las compañías a cambiar todos los equipos actuales.
Este gasto será con cargo al cliente, pese a que se anunció que no tendría un costo asociado. Lo cierto, es que ya se empezó a aplicar desde septiembre de 2018.
E independiente de que los usuarios se hagan cargo de la inversión, el artefacto será propiedad de la empresa, no como hoy, que el 70% de los medidores y empalmes pertenecen a los consumidores, según dio a conocer Ciper, añadiendo que ese punto fue aprobado en el Congreso en enero de 2018 (Ley 21.076).
“Pero esto no es una expropiación, porque tú te vas a quedar con el medidor antiguo. Ahora, que el medidor no te sirva para nada, ya es problema tuyo”, explicó en abril de 2018 el ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Estos dispositivos permitirán realizar operaciones de manera remota, implicando una reducción en los planteles de trabajadores. Sin embargo, provocarían un alza en las cuentas. “Acá, hasta el aparato que queda enchufado sin usar va a marcar, porque gasta energía”, aseguró un experto al medio.
El otro punto cuestionable es que ya se han instalado más de 250 mil artefactos en la región Metropolitana, pese a que aún no se determinan las características técnicas que deberán tener.
Al respecto, el actual secretario ejecutivo de la CNE, José Agustín Venegas, señaló que “la prudencia sugiere a las empresas esperar el término de la discusión para instalar los nuevos medidores. Aunque ciertamente algunas han avanzado, porque han implementado planes prototipos y parecen tener confianza en que los equipos que han instalado van a cumplir”.
Se modificó tras catástrofe
Tras el terremoto en la región de Coquimbo, en 2015, la discusión en el Congreso se centró en la reposición de los empalmes y medidores en la zona afectada.
En concreto, se planteó que las empresas se tuvieran que hacer cargo, sin embargo, se descartó dicha posibilidad, ya que ante esa nueva responsabilidad, las distribuidoras exigirían un pago.
Por ello, se determinó mediante una ley que esos elementos pasen a ser propiedad de las compañías, teniendo que responder por ellos ante todo evento.
¿Beneficios para clientes?
Según publicó el portal, una de las ventajas de este nuevo sistema es que ante cualquier corte de energía, la compañía podría identificar rápidamente la situación y aislar de manera remota el problema.
Sin embargo, expertos en la materia aseguraron que eso no es posible. Por ejemplo, si es un transformador es el que falla, quedarían incomunicados.
Junto con ello, constataron que el dispositivo hará mediciones cada 15 minutos, lo que podría derivar en un cobro diferenciado dependiendo de las horas.
Además, aumentará la precisión al medir. “Esto podría implicar un alza de las cuentas en algunas casas, ya sea porque han intervenido el medidor o porque está muy viejo y por ende no mide todo”, explicó al medio Juan Agustín Venegas, actual titular de la CNE.