Fue promulgada el pasado 3 de enero como un anhelo de quince años de las pequeñas y medianas empresas: la ley de pago a 30 días. Un plazo que empezará a regir recién en dos años más, por lo que hasta esa fecha el tiempo para pagar será de 60 días a modo de adaptación.

Al respecto, gremios de grandes y pequeños empresarios han coincidido en que el plazo de implementación es muy extenso.

Pese a valorar la legislación, los dos años no son lo ideal, según el presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Marcos Carter.

Para una correcta implementación de la ley, desde las pymes piden que se establezca un tema que quedó pendiente: la prohibición del uso del IVA a crédito fiscal de las facturas impagas.

Ante esto, el Servicio de Impuestos Internos evaluará su factibilidad dentro de este año. Sin embargo, la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado pide dilucidar este aspecto en la reforma tributaria, como dijo su presidente Roberto Rojas.

El presidente de la multigremial de emprendedores, Juan Pablo Swett, ve complejo que en la reforma tributaria se incorpore los temas pendientes sobre el “Crédito IVA”. Agregando que en la discusión del proyecto hay factores de los cuales aún no reciben señales por parte del Ejecutivo.

El denominado pacto desigual, que grandes empresas puedan acordar con pymes un plazo mayor a 30 días, es otra de las críticas de los gremios.

Desde Conupia quieren llegar a puntos en común con otras agrupaciones para en marzo conversar de forma transversal con el Gobierno y plantear las dudas sobre la implementación del pago a 30 días.