Este miércoles la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) se refirió al veto que anunció el Gobierno para el proyecto de Ley de la Jibia y los recientes cambios que han ocurrido en ese sentido.
En primer lugar, el Ejecutivo había señalado que modificaría la ley, ya aprobada en el Congreso, añadiendo el arte del cerco como método aceptado para la captura de la jibia.
Sin embargo, hoy comunicó lo contrario tras una reunión: que desistirá de dicho veto.
Al respecto, desde Sonapesca dijeron estar “sorprendidos” por el constante cambio de criterio por parte del Gobierno.
“Primero, lo califica de inconstitucional, luego anuncia que concurriría al Tribunal Constitucional, más tarde que lo vetaría, para finalmente no concretar ninguna acción, abdicando de sus atribuciones constitucionales”, indicaron.
En ese sentido, manifestaron su preocupación respecto de que el Congreso intente regular los artes de pesca con esta nueva Ley de la Jibia.
Sonapesca cuestionó que los pescadores artesanales tengan el 100% de la cuota de la jibia, argumentando que “no logran pescar el 80% de lo que tienen asignado hoy”.
“En los hechos, se está entregando el 100% de la cuota de jibia al mundo artesanal, que no logra pescar el 80% que tiene asignado hoy; que solo pesca 10 ó 12 días al mes, y cinco meses al año”, dijeron.
Según indicaron, la nueva ley, de promulgarse, generaría una serie de problemas a la industria pesquera; resultando en cierres de mercado y causando cesantía.
“Esto generará enormes problemas a la industria faenadora de jibia, arriesgando el cierre de mercados internacionales por no contar con continuidad de suministro, generando cesantía. En suma, es un mal proyecto donde nadie gana y todos pierden”, finalizaron.
Por su parte, desde Asipes expresaron críticamente, cuestionando que “por primera vez será tramitada y promulgada una ley que regula recursos naturales pesqueros en Chile en contra de la opinión del mundo científico y técnico y sin escuchar a todos los actores ni recoger la visión de las organizaciones técnicas internacionales”.
Asimismo, criticaron que “se promulgará una normativa pesquera, de origen parlamentario, que pasa por encima y destruye para siempre atribuciones que son exclusivas del Poder Ejecutivo y de la Subsecretaría de Pesca”.
Además, calificaron la normativa como “inconstitucional”, augurando que “destruirá el empleo formal de sus trabajadores y que afecta la competitividad y la estabilidad de las reglas del juego en Chile”.
Lamentaron que el Gobierno haya cedido a lo que calificaron como “amenazas” de los pescadores artesanales de la jibia y “presiones” del Partido Comunista y del Senador Ossandón.