Hace dos semanas, el 7 de noviembre, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), demandó a Porsche Chile y Ditec -en su calidad de representantes en Chile de las marcas del grupo Volkswagen- por las infracciones cometidas y daños causados a los compradores chilenos víctimas del Dieselgate.
El caso, que incluye a 11 millones de vehículos vendidos en el mundo, se dio a conocer en 2015 cuando la firma automotriz alemana admitió haber instalado dispositivos de software para engañar los controles de emisiones contaminantes en motores diésel de vehículos Volkswagen, Audi, Skoda y Porsche.
La acción judicial chilena, presentada ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago por el abogado de Odecu Sebastián Reyes Pérez, fue acogida el viernes pasado y, de paso, se convirtió es la primera de este tipo en América Latina tras las otras existentes en Estados Unidos, Inglaterra, Australia, y recientemente Alemania, donde la Organización de Consumidores (VZBV) demandó en representación de miles de alemanes que esperan que la justicia de su país también actúe en contra del fabricante.
Los automóviles afectados contarían con motores diésel TDI (Turbo Diesel Inyection), fabricados entre 2009 y 2015. Pero la ola de demandas colectivas recién ha surgido este año, después de procedimientos criminales, especialmente en Estados Unidos, en los que se han conocido los detalles y la extensión del fraude contra los sistemas de medición de gases, y la existencia de nuevos modelos afectados.
En concreto, la situación afecta en suelo nacional a 4.997 vehículos diesel, entre los que se encuentran las versiones TDI de Volkswagen Touareg, Jetta, Beetle, Golf, Passat; Audi A3, Q7, A6, A7, A8 y Q5; y los Porsche Cayenne y Macal.
Ante esta situación, en otros países -como Estados Unidos- se han realizado programas de recompra como forma de solucionar el problema. En tanto, en Europa no se han realizado campañas de recompra, sino que se ofrecen importantes descuentos por la compra de vehículos nuevos, recibiendo en parte de pago los que tienen el software manipulado.
Según cálculos revelados en un reportaje realizado por Canal 13 en septiembre pasado, las unidades afectadas estarían contaminando el equivalente a 500 mil automóviles bencineros: una contaminación 100 veces superior.
Las exigencias de la Odecu
De acuerdo a La Segunda, la demanda exige arreglar los autos que tienen opción de ser reparados, reemplazar a aquellos que no es posible arreglar o compensar con 6,5 millones de pesos a los clientes que quieran repararlos por su cuenta.
De paso, piden una multa de 50 UTM (2,4 millones de pesos) por cada vehículo importado (12.000 millones de pesos en total) en Chile por Ditec y Porsche, además de 1.000 UTM (48,1 millones de pesos) por publicidad engañosa y “afectación de la salud de la población”.
