El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, afirmó que el impuesto verde a fuentes fijas de emisión recaudó en 2017 cerca de 200 millones de dólares ($131.790.000.000) y confirmó que el proyecto de modernización tributaria contempla eliminar el requisito de la potencia térmica instalada.
Durante el año pasado se recopilaron datos de emisiones y en abril de este año, las empresas con fuentes de generación fija efectuaron su primer pago del impuesto verde.
En el caso del CO2, que es gravado con el mayor porcentaje del cobro, el impuesto es de 5 dólares ($3.289) por cada tonelada emitida. Se había estimado una recaudación de US$168 millones ($110.703.600.000), pero finalmente fueron cerca de US$200 millones ($131.790.000.000) los que pagaron las empresas por este impuesto.
Así lo confirmó en Concepción el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, quien afirmó que es una cifra relevante pero el sistema requiere de ajustes.
Por esto, se incluyó en el proyecto de modernización tributaria una modificación que busca hacer más verde el impuesto, eliminando el requisito de la potencia térmica instalada que es de 50 megawats. La idea es terminar con posibles inequidades cuando existen emisiones estacionales con alta potencia instalada versus emisiones durante todo el año con potencia menor a los 50 megas.
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De acuerdo al último listado del Ministerio de Medio Ambiente, eran 110 las empresas o complejos industriales que debían pagar el impuesto verde. 33 de ellas se ubican en la región del Bío Bío, la zona del país que más aporta a esta recaudación.
Precisamente por esto ya habían surgido voces pidiendo un retorno de parte de este pago a las llamadas Zonas de Sacrificio que son las comunas donde se emplazan las industrias que contaminan y que reciben las externalidades negativas de esta actividad productiva, como Quintero, Til Til o Coronel.
Sobre esta posibilidad, el subsecretario de Hacienda fue enfático, sostuvo que en este proyecto no está contemplado.
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En el Bío Bío, son principalmente termoeléctricas, pesqueras, empresas agroalimentarias y del sector papelero las que pagaron el nuevo impuesto. Las comunas de Coronel, Talcahuano y Cabrero son las que concentran el mayor número de estos complejos industriales.