Casi 2 años ha durado el litigio legal que enfrenta al holding Cencosud y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado de Argentina (equivalente a nuestro Ministerio de Bienes Nacionales) por un terreno en San Isidro, al norte de Buenos Aires.
Se trata de 60 hectáreas que estarían destinadas a un centro comercial con un Easy y un Jumbo, además de un sector habitacional con condominios y edificios, según lo describió el Diario Financiero.
El mismo Horst Paulmann, fundador de la empresa, ha declarado por esta causa, en tanto que vecinos de San Isidro se manifestaron para pedir al municipio paralizar el proyecto que desde 1996 -cuando el paño fue adquirido por Cencosud tras una licitación- no ha podido avanzar.
En dicho proceso, Cencosud pagó US$22 millones, además de US$4 para sanearlo porque antes era ocupado por una firma estatal de aguas servidas.
El gobierno transandino interpuso una demanda el 2016 en que exige que el holding chileno devuelva el terreno al Estado, acción judicial que fue ampliada en mayo de 2017 y que se acerca a un fallo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Federal.
Esto último, acusando que Cencosud habría incumplido una “condición esencial” del contrato, respecto de los plazos en que el inmueble debía ser dedicado a un proyecto urbanístico.
Por ello, se buscaría revocar el dominio de la empresa chilena, para lo cual aseguran que ni siquiera debiera ser necesario un acto jurídico o administrativo.
En tanto, desde Cencosud defienden por un lado que desde 1999 habrían encontrado múltiples dificultades por el plan regulador comunal de San Isidro, y que la empresa se ha visto “impedida de llevar a cabo el desarrollo inmobiliario previsto, principalmente por el dictado de normas provinciales y municipales contradictorias”.
Incluso, dicen, tuvo lugar un juicio entre el municipio y la provincia, y que en 2008 se habría llegado a un acuerdo conciliatorio con ambas partes.
Indicaron también que aún no reciben siquiera la habilitación municipal de los planes de demolición y, por encima de todo esto, argumentan que nunca se precisó en qué momento deberían comenzarse las obras del proyecto.