El gremio Chilealimentos ha sostenido una intensa agenda de reuniones con el gobierno de Sebastián Piñera para abordar los “efectos no deseados” que estiman generará en el sector la implementación de un impuesto verde a las fuentes contaminantes fijas que quedó establecido en el artículo 8 de la reforma tributaria de 2014.

De acuerdo a esa normativa, el nuevo gravamen debería comenzar a regir a partir de abril de este año para todas las empresas que emanen material particulado, óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono, cuyas calderas sumen 50 megavatios térmicos o más.

Según explicó Juan Manuel Mira a Diario Financiero, el tributo es desproporcionado y afecta la competitividad del sector.

“Es un límite establecido sin fundamento y objetivo claro, y sin diferencias entre los meses del año en que se emite”, porque algunas empresas emiten -por ejemplo- 45 mwt durante los 12 meses y no deben pagar, mientras que una empresa que emite 50 ó 60 sólo 3 meses sí debe pagar.

Por ello es que el gremio se ha reunido con el ministro y subsecretario de Economía, José Ramon Valente e Ignacio Guerrero; así como también con autoridades en Hacienda, Medioambiente y Agricultura. En tanto, en el Senado, expusieron ante la Comisión de Agricultura.

Con el “gobierno anterior sostuvimos muchas reuniones, pero no vimos nunca una real voluntad de corregir lo que consideramos un impuesto mal aplicado a la agroindustria”.

Por ello piden que se considere el promedio de emisiones en 12 meses, ya que -según cuestionó Mira- la actual normativa no incluye fundiciones como Codelco Ventanas, que es altamente contaminante.

Otra de las razones que esgrimen es que el nuevo régimen adicionará un 17% de impuesto a la renta, lo que totalizaría un 43% de gravámenes para la agroindustria.