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El gremio que agrupa a las aseguradoras de Estados Unidos mostró su preocupación por la reforma del sistema de pensiones en Chile, aprobada por el Senado, argumentando que pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio. En una carta firmada por el presidente y CEO de American Council of Life Insurers, se expone la inquietud ante los impactos en los trabajadores chilenos y la economía nacional, así como la posible violación de los derechos de inversión de los estadounidenses.
El gremio que agrupa a las aseguradoras de Estados Unidos expresó su preocupación ante el proyecto que propone una reforma el sistema de pensiones de nuestro país.
A través de una carta, los controladores estadounidenses de las AFP indicaron que, la propuesta que fue aprobada por el Senado, “pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio”.
El documento que está firmado por David C. Chavern, presidente y CEO de American Council of Life Insurers, parte exponiendo la “preocupación ante la reforma de pensiones que ahora está frente a la legislatura chilena”, ya que esta podría tener un grave impacto en “los trabajadores chilenos, en la economía chilena y en la forma en que las disposiciones clave de la reforma violarán los derechos de inversión de los inversores estadounidenses”.
Tras esto, se indica que si bien nuestro país “ha construido una reputación bien merecida como un socio confiable comprometido a honrar los tratados internacionales”, la reforma de pensiones propuesta no solo “socava esos compromisos, sino que también crea ventajas injustas para los nuevos participantes del mercado a expensas de los inversores estadounidenses”.
“A medida que la Administración del Presidente Trump comienza su amplia revisión de los acuerdos comerciales, es importante que estas acciones y sus implicaciones sean plenamente comprendidas por los líderes estadounidenses”, añade.
Pero esto no es todo, ya que según el gremio estadounidense, la propuesta “obliga a una licitación bienal de afiliados de pensiones”, lo que constituiría “una expropiación de inversiones significativas de EE.UU. en Chile, y una violación de la obligación de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a los inversores estadounidenses”.
En esa línea, asegura que permitir que el Instituto de Previsión Social proporcione funciones auxiliares a los nuevos administradores de pensiones “constituye un trato injusto para los incumbentes que han realizado inversiones significativas en las últimas décadas en su operación e infraestructura.
“La medida otorgaría a los recién llegados una ventaja competitiva en costos e inversión. Además, el reciente anuncio de la Ministra del Trabajo de incluir a un inversor público, financiado por el Estado, afectaría aún más a los administradores de pensiones incumbentes al crear condiciones de mercado injustas”, agrega.
Representantes de AFP de Estados Unidos por reforma de pensiones
En la misiva, la agrupación expresa que las violaciones de los derechos de los inversores “perjudicarían la posición global del país y disuadirían la inversión extranjera futura, que ha sido un motor vital de crecimiento y estabilidad económica”.
“Las empresas que han realizado, y continúan realizando, inversiones significativas en Chile, confían en contar con un marco regulatorio de normas y derechos, muchos de los cuales están codificados en los diversos tratados que Chile se ha comprometido soberanamente a honrar”, enfatiza.
Es por esto que les preocupa que “ciertas disposiciones de la reforma propuesta puedan perjudicar la seguridad financiera a largo plazo de los trabajadores y socavar los mercados de capitales de Chile. Propuestas como la licitación bienal de carteras de afiliados, como han destacado consistentemente los estudios técnicos, obligarían a los gestores de inversiones a tomar decisiones subóptimas, incluida la liquidación frecuente de activos, a un costo significativo, lo que reduciría los rendimientos de las inversiones para los trabajadores chilenos”.
“Los rendimientos más bajos impactarían directamente en el crecimiento de los ahorros de pensiones y el monto de las futuras pensiones para los trabajadores chilenos. El mecanismo de licitación y las restricciones asociadas también desalentarían la inversión en instrumentos financieros de largo plazo, muchos de los cuales contribuyen a bienes públicos en Chile a través del mantenimiento constante de un mercado de capitales doméstico profundo”, complementa.
Pese a todo lo expuesto, aclaran que seguirán “comprometidos con el progreso y la prosperidad de Chile. Nuestro objetivo es contribuir constructivamente al diálogo en torno a la reforma de pensiones y apoyar políticas que promuevan la seguridad financiera mientras fomentan la estabilidad y el crecimiento económico”.
“Recibimos con gusto un mayor diálogo con los responsables de la creación de políticas públicas para garantizar que las reformas logren sus objetivos previstos sin consecuencias no deseadas”, concluyen.