Los diferentes tributos encarecen el precio de bienes y servicios básicos. Desde un paquete de arroz hasta un pasaje de avión, un análisis de la carga tributaria que, pese a las promesas de Milei, aún afecta a los trasandinos.
Un ciudadano argentino puede pagar hasta unos 50 impuestos cada año por sus consumos habituales, según lo informado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), lo que impacta en los precios y gastos de su economía diaria, mientras en paralelo el presidente Javier Milei avanza con la eliminación o reducción de algunos tributos, pero sin impactar en los bienes y servicios cotidianos.
El análisis toma en cuenta los impuestos, las tasas y las contribuciones con base a la legislación tributaria vigente en 2024 (“Vademécum tributario”) para conocer cuántos tributos paga un argentino al año, según su patrimonio y las distintas actividades que realiza.
Vale recordar que en Argentina hay tres niveles de gobierno que buscan financiarse: a nivel nacional, provincial y municipal. Y si bien los tributos se dividen con base a ese criterio, algunos tienen el carácter de coparticipables, es decir, parte de su recaudación se distribuye al nivel jurisdiccional inferior. De allí el reclamo que suele darse desde los gobernadores de las provincias al presidente de la Nación, en busca de fondos para hacer frente a gastos del sector público.
Para precisar los alcances, el Iaraf separó tres perfiles de consumo. El Perfil 1 puede llegar a pagar al menos 22 tributos al año, a partir de diez ítems relevados como básicos: alimentos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, celular, agua, electricidad, gas, internet, servicios de streaming y consumos con tarjeta de crédito.
Por su parte, las personas de tipo Perfil 2 son afectadas por 37 tributos diferentes. En tanto, los que integran el Perfil 3 padecen 48 tributos distintos. En el caso de una persona fumadora de Perfil 3, el número de tributos asciende a 51. A pesar del discurso de Milei en contra, un 56% de los tributos siguen siendo de origen nacional. Mientras que otro 15% es de origen provincial y apenas el 29% es de origen municipal.
En la categoría básica de los tres perfiles, la compra de alimentos y bebidas sin alcohol está alcanzada por el cobro por parte de los distintos niveles estatales de, como mínimo, cuatro tributos: el Impuesto al Valor Agregado e impuesto al cheque a nivel nacional, Ingresos Brutos (IIBB) a nivel provincial y la Tasa de Inspección de la Seguridad e Higiene (TISH) a nivel municipal.
La cantidad de cargos adicionales empieza a aumentar al sumar a la canasta una botella de vino, por ejemplo, ya que, además de los cuatro tributos antes mencionados, su precio al público está alcanzado por otros tres más: el impuesto al cheque, el interno a las bebidas alcohólicas y la tasa por expendio de bebidas alcohólicas.
Servicios públicos como la electricidad y el gas también tienen siete impuestos, mientras que la telefonía móvil asciende a nueve, con nombres tan insólitos como “fondo fiduciario del servicio universal” o “tasa de control, fiscalización y verificación”. Como ya explicó BioBioChile a raíz de la inminente desaparición del impuesto PAIS, usuarios de plataformas de streaming como Netflix, Max o Spotify pagan entre tres y cuatro impuestos, que encarecen la suscripción mensual un 60% más.
Si pasamos al Perfil 2, ser propietario de un inmueble implica el pago de dos impuestos: el inmobiliario de cada provincia y la tasa inmobiliaria municipal. Si la persona tiene un auto a su nombre, debe darle al Estado cinco tributos: impuesto provincial del automotor, tasa municipal del automotor, derecho de inspección técnica de vehículos, derecho de registro de conductor y el estacionamiento medido. Claro que hay que cargar nafta (bencina), y ahí se van otros siete impuestos que impactan en el precio de los surtidores en Argentina.
Si un argentino va al cine o asiste a un concierto, pagará cinco impuestos en total. Y si en el caso del Perfil 3 (mayor poder adquisitivo) compra un pasaje de avión para viajar dentro del país, se aplican siete recargos. Si el destino fuera hacia el exterior, la cifra crece a nueve.
Las promesas del gobierno libertario todavía no se ven plasmadas en el bolsillo cotidiano. En su primer año de gestión, Milei sí redujo alícuotas en el Impuesto a los Bienes Personales, cambió el Régimen de Monotributo para que alcance a menos trabajadores independientes (en su mayoría, comerciantes), suprimió el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) y, como ya se dijo, retiró el impuesto PAIS del presupuesto previsto para 2025. El resto, aún vigente.
En su cadena nacional del 10 de diciembre por el primer año de gestión, el presidente argentino renovó la promesa de campaña para 2025: “Mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido”.
“Reportá la burocracia”: la web para quitar obstáculos en la economía argentina
A tono con la época y el reclamo ciudadano, el gobierno trasandino lanzó un portal digital para que los ciudadanos reporten “obstáculos normativos que afecten a las actividades económicas”, es decir, aquellas normativas que complican “el libre comercio y la libre competencia”.
“Nada mejor que el ciudadano para decirnos dónde el Estado molesta sin sentido”, dijo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al anunciar la web, que está fija por el decreto N° 1.055/2024 del Boletín Oficial.
“Tengan la certeza absoluta que miraremos cada uno de ellos. Creemos que el Estado hace demasiado y mal, que asfixia y limita. Creemos en la libertad. Creemos que los ciudadanos operando libremente en el mercado servimos a nuestro prójimo. Así que ayúdennos a transitar este camino de la libertad que impulsa el presidente @JMilei”, aseguró el funcionario.
En la página web bautizada “Reportá la burocracia”, el gobierno de Milei convoca a las personas que identifiquen y mencionen las normativas que impiden el desarrollo referido a la creación o el funcionamiento de una empresa o actividad, una barrera de entrada a un mercado, una restricción a la oferta de bienes y servicios y la distorsión de los precios de mercado, entre otras.
A la hora de denunciar, la persona se puede referir a leyes, decretos, decretos ley, resoluciones, disposiciones, decisiones administrativas, circulares y ordenanzas de los ámbitos nacional, provincial y municipal.