La Comisión de Economía de la Cámara Baja, con el propósito de proteger los derechos y la integridad de los consumidores, aprobó un proyecto de ley que impide que se sugiera o exija el otorgamiento de propinas en establecimientos que no cuenten con atención de garzones.

La norma plantea una modificación al Código del Trabajo.

En detalle, estipula que el empleador de los locales donde no se atiende al público con garzones -(es decir, que lo hacen en mesones, incluso atañe a barberías, peluquerías y deliveries que empezaron a pedir propina sin que les corresponda)- deberá tomar las medidas necesarias para que los trabajadores no procedan a solicitar a los clientes la entrega de propinas.

En el caso de no tomar dichas medidas, se sancionará al empleador con una multa de 3 a 5 UTM mensuales.

El diputado Víctor Alejandro Pino, autor del proyecto, explicó que no se debe permitir que el personal de mesón, que no atiende directamente mesas, solicite o sugiera propinas para sí mismos.

Esto, debido a que ellos “perciben una renta pactada con su empleador” por realizar esa función determinada.

Añadió que este tipo de acciones podría llevar a situaciones incómodas para los clientes, ya que podrían sentirse presionados u obligados a dejar una propina, incluso si no están satisfechos con el servicio recibido.

Además, la norma recoge los dictámenes de la Dirección del Trabajo que señalan que “Los titulares del derecho a pago de la propina son los garzones, ya sea que se desempeñen en régimen de jornada completa o part-time”.

Por último, remarcó que establecer esta responsabilidad en el empleador “ayuda a proteger los derechos de los trabajadores, evitando que pudiesen estar expuestos a situaciones de explotación o abuso”.