El Servicio de Impuestos Internos (SII) reportó este viernes que, en el marco de una querella que interpuso el 15 de octubre de 2020, logró que el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenara a penas de cárcel a ocho personas relacionadas con el robo de vehículos mediante la técnica del “portonazo”.
Luego, incurrían en una serie de estrategias ilegales para concretar la venta de esos vehículos.
El líder de esa banda se llama Yerko Silva Toro y sobre él pesaron condenas por lavado de activos, asociación ilícita, receptación con estafa y el delito tributario reiterado por iniciar actividades mediante información falsa.
Llegó a tener a 48 personas trabajando para él.
También se condenó a Juan Navarrete Vásquez como autor de los mismos delitos ya mencionados.
La banda de los portonazos
Durante los años comerciales 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, los querellados proporcionaron datos falsos en las declaraciones de iniciación de actividades de al menos 16 sociedades relacionadas con la compra y venta de vehículos, que iniciaron actividades con documentación falsa.
De acuerdo con las indagatorias realizadas por el SII y por el Ministerio Público, la organización estaba encabezada por Yerko Silva y contaba, al menos, con 48 integrantes, quienes se dedicaban al robo de vehículos, adulteración de sus números de motor, chasis y stickers de seguridad adosados a las ventanas de los vehículos.
Luego los inscribían en el Registro Civil como vehículos nuevos y, de esta manera, adquirían una placa patente, para la posterior comercialización de estos vehículos a través de sociedades creadas con nombres de fantasía, en algunos casos muy similares a automotoras reconocidas en el rubro, pero que no tenían la representación de las marcas para la venta de vehículos nuevos.
Estas son las sociedades que iniciaron actividades ante el SII declarando datos falsos con la finalidad de obtener documentación tributaria electrónica que, posteriormente, utilizaron para vender dichos vehículos.
Proceso judicial
La querella presentada por el SII permitió que el Ministerio Público iniciara una investigación tanto por delitos tributarios, como por otros que se detectaron en el funcionamiento de esta agrupación ilícita.
El juicio oral de esta causa duró seis meses; y los condenados por el tribunal se encontraban ya en prisión preventiva por este caso.
Anteriormente se obtuvo también una condena en contra de otros tres imputados, por delitos tributarios.
Durante la lectura de su fallo, el Juez Eduardo Gallardo fijó para el próximo 23 de diciembre la lectura de la sentencia definitiva, en la que se darán a conocer las penas exactas que se aplicarán en cada caso.
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