La Corte de Apelaciones de Santiago acogió nuevamente un recurso de protección que interpuso un ciudadano danés -que por motivos laborales cotizó durante tres años en Chile- en contra de la AFP Plan Vital.
En fallo unánime, la Octava Sala del tribunal de alzada ordenó a la administradora devolverle el total de los fondos previsionales.
El hombre argumentó que prefería derivar esos dineros al sistema de su país de origen.
Por normativa, dijo el fallo, los extranjeros que hayan cotizado en una AFP pueden, bajo determinados lineamientos, “ejercer su derecho de propiedad sobre sus fondos y disponer de ellos para los mismos efectos que las leyes previsionales proveen para los trabajadores en el sistema chileno, ejerciendo su derecho a trasladarlos a la institución previsional de su país de origen”.
Se estableció que la AFP Plan Vital, por tanto, había actuado de forma “arbitraria e ilegal” al rechazar la solicitud.
La Ley N°18.156
La Ley 18.156, promulgada en agosto de 1982, establece la exención de la obligación de cotizar para las y los técnicos y profesionales extranjeros que sean contratados por empresas en Chile y que cumplan ciertos requisitos.
La normativa tuvo, en su tiempo, como objetivo posicionar a Chile como un país atractivo para quienes quisieran venir a trabajar por un tiempo, aportar conocimientos e impulsar el desarrollo, para luego volver a sus países con el dinero que se les descontó por concepto de AFP.
Ello, contemplando que los planes de esos trabajadores (extranjeros) serían el no jubilar en Chile.
Un reportaje publicado por BBCL Investiga, sin embargo, reveló que lo anterior lo están usando como “mecanismo de devolución de fondos previsionales”: está en tela de juicio debido a un aumento explosivo de solicitudes en los últimos años que va de la mano con las dificultades que tienen las fiscalías de las AFP para determinar la veracidad de la documentación que presentan los extranjeros.
En plataformas como TikTok se difunden hasta tutoriales sobre cómo hacer la solicitud y sortear las exigencias que la propia ley establece.
Cada uno de los beneficiarios, en promedio, ha retirado en los últimos cinco años más de $5,8 millones.