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El Gobierno en conjunto con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) planea presentar un proyecto de ley antes de fin de año para permitir la negociación colectiva multinivel en Chile, con el objetivo de otorgar mayor autonomía a las organizaciones sindicales y la posibilidad de negociar más allá del lugar de trabajo. Actualmente, los sindicatos solo pueden negociar a nivel de empresa. La iniciativa contempla la posibilidad de establecer condiciones laborales comunes en sectores específicos como el retail o la minería. La ministra del Trabajo, Jeannete Jara, ha destacado la importancia del diálogo social tripartito en este proceso, mientras que la Dirección del Trabajo ha señalado que la negociación colectiva multinivel permitiría fortalecer el sindicalismo y superar restricciones en la negociación a nivel de empresa. Sin embargo, existen desafíos como la oposición empresarial, resistencias sindicales y el riesgo de desvirtuación del proyecto de ley en su tramitación.

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Entre los planes del Gobierno -y en apoyo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)- está el presentar antes de fin de año ante el Congreso el proyecto de ley para que se permita en Chile la negociación colectiva multinivel (o negociación colectiva ramal).

De hecho, el presidente Gabriel Boric asumió ese compromiso durante su última Cuenta Pública.

La iniciativa tiene por objetivo otorgar mayor autonomía a las organizaciones sindicales, la posibilidad de negociar colectivamente más allá del lugar de trabajo, entre otros.

Actualmente, los sindicatos se involucran en la negociación colectiva exclusivamente a nivel de empresa.

Quienes defienden que se migre a lo ramal destacan que esas organizaciones se involucrarían -entre varios aspectos- en iniciativas que apunten a “mejores perspectivas salariales y de distribución de la riqueza”, por ejemplo.

Es decir, a los sindicatos se les otorgaría injerencia y un rol activo para determinar que ciertos sectores o rubros (por ejemplo retail, minería, etc.) tengan condiciones laborales comunes (ramas más homogéneas) y participarían de algún modo en tomas de decisiones a nivel país.

Gobierno busca configurar proyecto y presentarlo antes de fin de año

Hace unos días, la ministra del Trabajo, Jeannete Jara, estuvo en la sesión del Consejo Superior Laboral, que es presidido por Ricardo Mewes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); y cuyo vicepresidente es José Manuel Díaz de la CUT.

De acuerdo a información del Ministerio del Trabajo, en la sesión participó Fabio Bertranou, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur de América Latina. Presentó estudios sobre la negociación multinivel.

Bertranou destacó la negociación multinivel puede asociarse con una mayor proporción de trabajadores cubiertos por convenios colectivos; que se recoge evidencia de aportes positivos como “paz laboral, democracia, desempeño del mercado laboral, desempeño económico, igualdad salarial y transición justa”.

En ese contexto, la ministra Jara comprometió un proceso de diálogo social tripartito para que sirva de insumo para enviar el proyecto de ley sobre la materia, “en el último trimestre del año”.

“Creo que lo que no nos puede pasar es que nos neguemos a conversar. (…) Las diferencias son legítimas y es sobre la base de los diálogos que se construye”, dijo.

Negociación colectiva ramal

Un documento disponible en el sitio web de la Dirección del Trabajo (DT), detalla como una de las consignas de la negociación ramal “la posibilidad de negociar colectivamente más allá del lugar de trabajo”.

El documento añade que, además, lo anterior establecería “pisos mínimos sectoriales, el fortalecimiento del sindicalismo, una mayor eficacia de la acción sindical y la superación de las restricciones de la negociación a nivel de empresa”.

Respecto a las características “deseables” de un modelo de negociación ramal, indica que esta plantea “que las materias a negociar deben ir más allá de lo salarial; que las organizaciones negociadoras deben ser las más representativas de cada rama; que debería beneficiar incluso a los no sindicalizados, aunque con reparos de algunos dirigentes en caso de que eso debilitara al sindicalismo; y que el Estado debe tener un rol activo, existiendo distintas visiones sobre su nivel de involucramiento”.

Por último, advierte como “amenazas” la “oposición empresarial, resistencias de parte del propio sindicalismo y el riesgo de que un eventual proyecto de ley se desvirtúe en su tramitación”.