El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que “muchas” de las más de 11.000 pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes) legalizadas en la isla desde 2021 “no respondieron a la confianza del Estado” y aseguró que, en ese caso, prevalecerá “la ley y el orden”.
En el discurso de cierre del tercer periodo de sesiones del parlamento cubano, el mandatario criticó a los negocios privados que -después de décadas de prohibición fueron nuevamente permitidos hace tres años- y según dijo, no han tenido “la transparencia que demanda la población”.
Díaz-Canel no aclaró del todo a qué se refirió, pero sí subrayó que el Gobierno actuará contra “el descontrol, las ilegalidades, las evasiones tributarias, la especulación y el fraude, vengan de donde vengan”.
De igual manera, aclaró que estas acciones no significan “una cacería de brujas contra las mipymes privadas”.
El pasado miércoles, también en el parlamento, el primer ministro, Manuel Marrero, aseguró que el Estado ha perdido el control de unos 2.000 millones de dólares que circulan en actividades irregulares, como el circuito entre el sector privado y el mercado informal de divisas, al que acceden los particulares -no pueden comprarle al Estado- para poder importar sus productos.
Al respecto, Díaz-Canel censuró que “buena parte” de las pequeñas empresas privadas “se ha dedicado a la comercialización de productos importados que, aunque resuelven algunas carencias inmediatas de la ciudadanía, no aportan al desarrollo del país”.
La existencia de las mipymes cubanas no ha estado exenta de polémica. Desde el oficialismo se han criticado los altos precios de sus productos mientras que en algunos sectores de la disidencia en el exterior han acusado a sus dueños de ser cercanos al Gobierno y al Partido Comunista (PCC, único legal).
Por otro lado, distintos analistas independientes han resaltado que, con errores y aciertos, los pequeños negocios privados han podido abastecer de bienes que el mercado estatal no provee.
En su discurso el pasado miércoles, Marrero aseguró que las mipymes deberán pagar impuestos a la importación en dólares, además de que éstas tendrán que “certificar” el “origen del dinero” que utilizan para importar sus productos.
