Este martes, la agencia Fitch Ratings decidió mantener la clasificación de Chile en ‘A-‘ con perspectiva estable, destacando en general el balance fiscal, los indicadores de gobernanza y el manejo macroeconómico del país.
También alertaba de posibles estancamientos en reformas o las mayores presiones en la inflación y el gasto, debido al alza de las tarifas de la luz y la expansión del subsidio eléctrico, entre varios otros aspectos.
Con todo, mediante esta decisión, Fitch sostiene que el riesgo de impago o incumplimiento de los compromisos financieros de Chile es “bajo”.
Gobierno celebra decisión de Fitch de mantener nota para Chile
Desde el Gobierno destacaron la decisión de la clasificadora, y desde el Ministerio de Hacienda, el jefe de las finanzas públicas, Mario Marcel, valoró el informe.
Uno de los aspectos que llevó a la mantención de la nota de clasificación fue el nivel de relación entre la deuda pública y el PIB, el cual estaría por debajo de otros países, además de un “historial de políticas macroeconómicas creíbles”.
“Ello destaca nuestro compromiso con la regla de balance fiscal y una conducción prudente del erario impulsando gastos sólo cuando se cuente con mayores ingresos, porque esa es la forma de preservar en el tiempo las políticas públicas y de efectivamente mejorar las condiciones de vida de los chilenos”, dijo Marcel.
Moody’s también mantuvo clasificación
El 21 de junio, la agencia Moody’s también decidió mantener su propia calificación en moneda extranjera de largo plazo para Chile en el nivel de A2, también con perspectiva estable.
Para aquella ocasión, Marcel declaró que “lo que nos está diciendo esta clasificadora es que Chile mantiene sus fortalezas, va a encontrar también nuevas oportunidades para crecer y que en particular la responsabilidad fiscal se mantiene como un valor importante para el país, y que el Gobierno ha sabido fortalecer y preservar”.
Según Fitch, una mejora en la clasificación para Chile podría darse en caso de que la deuda/PIB tome una trayectoria descendente. También cita una “recapitalización” de los fondos soberanos o incrementos a mediano plazo del PIB.
Por el contrario, se señalan mayores niveles de deuda pública o trabas políticas que puedan afectar la eficiencia en materia de políticas y gobernabilidad.