El Gobierno portugués de centroderecha presentó este jueves un paquete de 60 medidas económicas, que incluyen reducciones fiscales a empresas, con el objetivo de “acelerar” el crecimiento y lograr “más prosperidad”.
Así lo señaló el primer ministro luso, el conservador Luís Montenegro, en una rueda de prensa en la que también intervinieron los titulares de Economía, Pedro Reis, y de Estado y de las Finanzas, Pedro Miranda Sarmento, tras la reunión semanal del Ejecutivo, donde se aprobaron estas propuestas.
La medida estrella es la disminución gradual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Colectivas, conocido en Portugal como IRC, del 21% actual al 15% de aquí a 2027.
“Estamos reduciendo la tasa del IRC para todas las empresas y simultáneamente haciendo algo que el Estado portugués debería haber hecho hace por lo menos un año y medio, que es imponer que las multinacionales paguen una tasa mínima efectiva del 15% y, por tanto, una cantidad mínima justa desde el punto de vista fiscal”, dijo Miranda Sarmento.
Otra decisión del Ejecutivo es bajar el límite para que las compañías puedan acogerse a la llamada “exención de participación”.
En concreto, el Gobierno contempla eximir de tributación los dividendos y las posibles ganancias de capital percibidos por empresas residentes en Portugal, siempre que posean durante un periodo superior a un año el 5% del capital social o los derechos de voto de la entidad que distribuye los beneficios, cuando actualmente el requisito es del 10%.
También aspira a aumentar el valor de referencia aplicado al IVA en efectivo, al que pueden acogerse en la actualidad empresas con volúmenes de hasta 500.000 euros para que puedan hacerlo compañías con facturaciones máximas de 2 millones de euros.
Por otro lado, Montenegro apuntó que su Ejecutivo tiene el objetivo de pagar a los proveedores en un plazo de 30 días de aquí a 2028.
Otras resoluciones que incluye este programa son la reactivación de una Comisión Interministerial para los Asuntos del Mar o el refuerzo de los apoyos al turismo con una línea de crédito de 10 millones de euros para proyectos en el interior del país y otra de 50 millones para promover la sostenibilidad en el sector.
El pliego de propuestas contiene la restauración de una tasa del 20% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRS) para los trabajadores extranjeros por cuenta propia y ajena que supongan un alto valor añadido para el país; algo que el anterior Ejecutivo del socialista António Costa había eliminado para afrontar la crisis de vivienda.
El futuro de este programa económico es incierto, ya que el Gobierno va a tener complicado que salga adelante en el Parlamento, donde la coalición gobernante Alianza Democrática (AD), de Montenegro, tiene una muy ajustada mayoría; y los dos partidos que le siguen en número de escaños, el socialista y el ultraderechista Chega, están en contra de esos beneficios fiscales.
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