Al menos el 82% de la población de Chile se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), pero esa cifra -actualizada hasta fines del año pasado- pudo haber escalado.
Y en paralelo, el sistema privado (las isapres) continúa remarcando que la crisis que atraviesa necesita una solución.
El año 2023 terminó con 16.229.898 personas recibiendo cobertura financiera y sanitaria por parte del sistema público.
De acuerdo a Fonasa, con datos entregados en su última cuenta pública, ese número de beneficiarios se traducía en el 82% de la población del país.
Camilo Cid, director nacional de Fonasa, comentó que el aumento de personas ha sido sostenido y se caracteriza “porque seguimos recibiendo un número significativo de personas que provienen desde una isapre”.
La autoridad sostuvo que la cifra “refuerza nuestra vocación de seguro universal sin discriminación alguna” y muestra -“en los hechos”- que el sistema posee “las capacidades para responder a la demanda”.
En paralelo, hace cuatro días las isapres emitieron un nuevo comunicado conjunto, en el cual calificaron de “inútil” el proyecto de Ley Corta y subrayaron que, de aprobarse la ley como está o si no hay ley, van encaminadas a su fin.
Eso último, porque “los ingresos ya son insuficientes para solventar el costo en salud de los beneficiarios. Ninguna circular ni norma administrativa podría corregir esto”.
“En el último año, los poderes Ejecutivo y Legislativo se han volcado con dedicación a intentar construir una ley que permita aplicar los fallos de la Corte Suprema, resguardando las coberturas de los afiliados y la estabilidad del sistema de salud”, partieron diciendo.
Pero, en su estado actual, “el proyecto de Ley Corta es inútil”, sentenciaron. Eso, porque sin acuerdo para su implementación “e incumpliendo la condición base de restablecer el equilibrio financiero, falla en su propósito”.
Por todo, las isapres fueron enfáticas en afirmar que, de aprobarse la ley como está o si no hay ley, “será el término de las isapres, pues los ingresos ya son insuficientes para solventar el costo en salud de los beneficiarios. Ninguna circular ni norma administrativa podría corregir esto”.