Durante los últimos días, diversos actores del mundo forestal en Chile han expresado su inquietud y preocupación por la situación de “repliegue” que atraviesa el sector.

En líneas generales, se enfatiza en que tanto los incendios forestales, como el panorama económico de los últimos años (con altas tasas de interés y una caída en la demanda); junto con la contracción del sector construcción y los diversos hechos de violencia rural, han significado un duro golpe para esta industria y también los pequeños propietarios, pymes madereras y contratistas forestales.

Todo esto mientras, según sostiene por ejemplo el presidente de la CMPC, Luis Felipe Gazitúa, se visualiza “la exigua o nula relevancia del sector en las políticas públicas y la proliferación de mitos y desconocimiento que han servido para instalar una imagen crítica de la industria”, según sostuvo en una carta dirigida a los accionistas de la compañía.

Industria forestal en Chile enciende las alertas

Según el ejecutivo, el sector forestal se encuentra viviendo un impulso a nivel global, aportando más de US$1,50 millones al PIB mundial y empleando a más de 33 millones de personas.

En su escrito, citó el ejemplo de Brasil como mayor productor de celulosa del mundo, o de Suecia, afirmando que su territorio cuenta con un 70% de plantaciones de bosque, de las cuales un 70% están destinadas a faenas productivas.

Sin embargo, en Chile la situación sería completamente distinta, sosteniendo que existen “más de 400 mil hectáreas de bosques afectados por incendios entre fines de 2022 y comienzos de 2023, a las cuales se suman el robo de madera, las sobre 100 mil hectáreas que se estiman usurpadas y la inseguridad de acceso a varios otros miles”.

A su vez, la superficie de plantaciones bordea los 2,3 millones de hectáreas según el Anuario 2023 del Instituto Forestal (INFOR), pero estimaciones sectoriales llevarían tal cifra hasta los 2 millones de hectáreas si se descuentan predios en situación de usurpación, incendios y robos.

“Dicha cantidad no alcanza para sustentar el desarrollo del sector ni tampoco satisfacer exportaciones y demanda interna de productos derivados de estos bosques”, señaló Gazitúa.

En este contexto, el presidente de CMPC advierte que como consecuencia existe “en ese 15% de pequeños y medianos aserraderos paralizados en 2022 o en los más de 40 mil colaboradores de empresas contratistas que ven afectadas su normalidad laboral como consecuencia de atentados y violencia rural”.

“Mientras que Uruguay promueve las plantaciones forestales y aporta US$400 millones a una compañía sueca con una línea de tren para que instalen una compañía de celulosa; mientras Brasil se convierte en los últimos diez años en el principal productos de celulosa del mundo; mientras Colombia establece incentivos para las plantaciones forestales, nosotros en Chile le damos la espalda a un sector que fue casi el 10% de las exportaciones de este país y que tiene enormes posibilidades de seguir creciendo”, comentó Gazitúa en T13 Radio.

Diversos gremios se unen a las críticas

Por medio de un comunicado, el conjunto de gremios de la madera reunidos en la red Futuro Madera, reafirmaron que existe una situación crítica del sector forestal, afirmando que “estamos destinados a desaparecer si no se adoptan medidas urgentes”.

Según afirman desde la organización, las “elevadas tasas de interés, colapso de la demanda, frenazo de la construcción y la consiguiente caída del precio de los materiales”, ha provocado el “cierre o quiebre de 200 pequeños aserraderos, tres plantas industriales, 20 empresas contratistas, además de la pérdida de 35 mil hectáreas de plantaciones de bosques al año”.

El presidente de Corma Biobío y Ñuble, Alejandro Casagrande, dijo que esto se ha traducido en una reducción del 14% de las plantaciones y un 20% del PIB bruto forestal. “La solución es que el país vuelva a plantar“, afirmó.

Por su parte, el gerente de la Asociación de Contratista Forestales (Acoforag), René Muñoz, apuntó que “se ha normalizado la violencia hacia los trabajadores y a nadie le llama la atención, autoridades incluidas, que esto ocurra de manera periódica en la macrozona sur.

Desde el Colegio de Ingenieros Forestales (Cifag), también se expresó respecto a la situación que atraviesa el sector, afirmando que “este retroceso se ha transformado en una tragedia económica, social y ambiental, tal como hemos señalado como Colegio de Ingenieros Forestales, y frente a ello se observa escasa empatía y sentido de urgencia por parte del Gobierno”, según declaró el secretario ejecutivo de Cifag, Julio Torres.

Sobre la agenda legislativa, Torres afirmó que esta “no busca dar un impulso, sino cambiar un modelo que juzgan no sustentable en base a un sesgo ideológico que descree del aporte de las plantaciones productivas”.

Ley de incendios, reforestación y crisis de las pymes

En el Congreso se está discutiendo una ley que busca prevenir los incendios forestales y rurales, estableciendo nuevos instrumentos y fortaleciendo los ya existentes, con tal de reducir el riesgo que significan estos siniestros.

Desde la red Futuro Madera, afirman que esta iniciativa no enfrenta “la ocurrencia intencional de incendios, así como la recuperación de las zonas afectadas en manos de pequeños y medianos propietarios”.

Por ello, el presidente nacional de la agrupación de pequeños y medianos industriales de la Madera (PymeMad), Michel Esquerré, señaló que una de las grandes urgencias responde a que el fomento a la forestación “no se está recuperando ni plantando”.

“Entonces ni la ley que crea un nuevo servicio forestal ni la ley de incendios abordan correctamente los desafíos de los pequeños y medianos propietarios, ni el desafío de descarbonizar la economía nacional (…) Con toda seguridad van a desaparecer las pymes”, afirmó.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Chilena de Biomasa (AChBIOM), Rodrigo O’Ryan, dijo que “no concordamos con la visión optimista basadas en las cifras de exportación del último año, ya que creemos que la crisis actual es de índole estructural y sus efectos devastadores se harán sentir con intensidad en el corto plazo”.

“Nada que celebrar”

Mientras el sector forestal atraviesa esta mencionada crisis, el Gobierno relevó durante la semana pasada que las causas asociadas a hechos de violencia rural cayeron un 64% hasta marzo en la región de La Araucanía.

Según datos de Carabineros, los ataques disminuyeron un 35%, mientras que las personas detenidas por los hechos de violencia rural tuvieron un aumento del 7%.

Desde la Multigremial de la Araucanía, su presidente, Patricio Santibáñez, ya había revelado una disminución de los hechos de violencia. Tras las cifras del Gobierno, señaló que lo importante es poner el foco en los detenidos y en la desarticulación de los grupos violentos.

“No tenemos por qué conformarnos que el extremismo siga operando en nuestra región en menos nivel. No tenemos por que mantener una situación mediocre”, criticó Santibáñez.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, sostuvo que “no hay nada que celebrar”.

“Hacemos un llamado a que el Gobierno apure la Ley Antiterrorista y también la Ley de Inteligencia: Dos normas totalmente necesarias para de una vez por todas cortar con el terrorismo en la región de La Araucanía”, comentó Naveillán.