¿Cédula? ¿Clave? Son las dos preguntas a las que hay que responder de viva voz en Venezuela si se compra algún producto y se paga con tarjeta, desde un simple café o una pieza de pan, hasta un televisor, una prenda de vestir o una comida en un restaurante.

Esa clave de seguridad que las tarjetas llevan asociado, con el objetivo de evitar que cualquier persona que no sea el titular pueda hacer uso fraudulento de ellas, es del dominio público en el país, donde además se facilita el número del documento de identidad, un “gesto” cotidiano que deja al usuario indefenso frente a cualquier intento de estafa o robo.

El argumento de los vendedores para solicitar el número de identificación personal (PIN, por sus siglas en inglés) es que se debe “teclear suave” el datáfono para evitar que sea dañado y quede inservible, algo que -consideran- no hacen de forma adecuada sus clientes.

Esta arriesgada fórmula se ha convertido en un gesto tan cotidiano, que nadie repara en brindar sus datos en cualquier lugar al cobrador, y frente a las personas que esperan en cola para cancelar sus compras, como si se tratase de algo normal y la solicitud fuese legal.

El sistema, convertido ya en algo instintivo, solo se rompe cuando un extranjero llega al país y un desconocido le solicita unos datos tan privados y personales. Es entonces cuando, excepcionalmente, el vendedor permite, a regañadientes, que sea el cliente quien marque su clave.

Un riesgo que nació con la crisis

Hace tiempo, cuando el dinero en efectivo empezó a escasear a causa de la devaluación desorbitada de la moneda local -el bolívar-, los billetes que cualquiera llevaba en el bolsillo no alcanzaban para adquirir ni una botella de agua, por lo que se masificó el uso de la tarjeta, incluso para las compras más insignificantes.

Fue entonces cuando los datáfonos se estropeaban frecuentemente, lo que impedía en muchos casos que el comerciante pudiera continuar vendiendo, algo que también se convirtió en un problema, debido a la escasez de piezas para reparar los aparatos, o de equipos para ser sustituidos por uno nuevo. La crisis había llegado para quedarse y complicarlo todo.

Sin efectivo y sin ‘punto’ -como se conocen las terminales de cobro en Venezuela-, los comerciantes perdieron numerosas ventas y los clientes se quedaron sin el producto que necesitaban, pese a estar disponible en el establecimiento.

Aunque con menor frecuencia, esto sigue ocurriendo en diversos comercios, especialmente en el interior del país, donde todavía existe el sistema de trueque como pago de productos.

La inevitable llegada de las divisas

Con el paso del tiempo, el caos generado por la carencia de bolívares y los problemas con los datáfonos obligó al Gobierno a hacer la vista gorda ante la creciente circulación de divisas, especialmente la estadounidense, a la que el presidente Nicolás Maduro llamaba “dólar criminal”.

Pero era una solución al alcance de muy pocos y no exenta de complicaciones que se multiplicaron a medida que entraron más divisas al país, y se estableció, de facto, el dólar como sistema de pago y referencia para fijar los precios, pese a la aversión de Maduro por la moneda.

Fueron tantas las concesiones que tuvo que hacer para que el país no se hundiera definitivamente, que hasta el Gobierno empezó a fijar precios en dólares, empezando por el combustible distribuido en las gasolineras estatales, que pasó, en 2020, del casi ‘gratis total’ a 50 centavos de dólar por litro.

La divisa ganó tanto terreno, que Maduro asumió que no podía parar la avalancha y permitió, incluso, que los bancos venezolanos abrieran cuentas en dólares, aunque los usuarios que se lo pueden permitir prefieren tener sus ahorros en entidades en el extranjero, desde las que pueden hacer cualquier tipo de operación en línea, muy limitadas en las locales.

Pese a los problemas ocasionados por el pago en divisa, ya que los establecimientos no suelen tener cambio para dar el vuelto y hay que completar las compras con más productos hasta completar el total del valor del billete entregado, el dólar -así como otras divisas, como el euro, que circulan en menor medida- ha salvado de la quiebra a miles de comercios.

Sin embargo, cuando uno paga en dólares la compra se encarece, ya que a principios de 2022, el Gobierno estableció el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que incrementa en un 3% el precio de cualquier producto pagado en divisa, por pequeño que sea su valor.

El nombre del tributo puede confundir, por referirse a ‘grandes transacciones’, pero se aplica de igual manera a una golosina de un dólar que a producto de 100, 500 o 5.000 dólares. ¿La alternativa? Hacer pública la clave secreta.