Ayer jueves, y tras meses de reuniones con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y gremios de empresas de menor tamaño, el Gobierno presentó el informe final del Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal (Pacto Fiscal).

Como paso siguiente, el Ejecutivo anunció la formulación de los siete primeros proyectos de ley: cuatro que ingresarán en enero y tres en marzo.

“Lo que queremos hacer es traducir en acuerdo lo que ya fue un diálogo anterior, en asuntos que podamos empujar en conjunto. Muchas veces nos parece que será muy difícil, pero los invito a mirar los acuerdos en política pública que hemos logrado en los últimos 30 días”, comentó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al presentar el pacto.

“Sabemos que en el caso tributario hay distintas visiones y además sabemos que tenemos algo más de tiempo para trabajar en esa propuesta. Entonces, adelantamos criterios, principios, y nos comprometemos a crear una instancia de trabajo con los mismos partidos políticos que estuvieron representados, quienes quieran concurrir y hacer un trabajo prelegislativo, para este tema”, agregó.

Qué dice el Pacto Fiscal

El Ministerio de Hacienda comunicó que el Pacto Fiscal se estructura en seis componentes, cada uno de los cuales contiene un conjunto de medidas “y un esfuerzo de cuantificación de su impacto fiscal”.

1. Necesidades y prioridades de gasto en favor de las necesidades expresadas por la ciudadanía.

2. Compromisos de reforma para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de servicio en el Estado.

3. Impulso al crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía.

4. Principios para un sistema tributario moderno en Chile.

5. Fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y reforma del impuesto a la renta.

6. Mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Pacto Fiscal.

Respecto de las prioridades y necesidades de gasto, las propuestas involucran recursos por USD$8.000 millones anuales en régimen, equivalente a 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB), destinados a un “conjunto de necesidades ciudadanas cuya resolución financiera impide hacerlo en un proceso presupuestario regular en plazos razonables”.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

En el detalle, de dicha meta 1,2% del PIB una parte financiará el aumento de la PGU a $250.000 y ampliará su cobertura a 166 mil personas al año 2030; y la otra corresponderá al costo fiscal del aumento en 6% de la cotización con cargo al empleador que deberá pagar el Estado.

Salud

Otro 0,9% se destinará a salud con foco en tres prioridades: reducción de los tiempos de espera hospitalarios, fortalecimiento de la atención primaria de salud y robustecimiento de las atenciones de salud mental.

Seguridad

También se contempla destinar 0,3% para prevención, seguridad pública y crimen organizado, con énfasis en fortalecimiento institucional, inversión tecnológica y carcelaria y Estado preventivo.

Finalmente, el 0,3% restante movilizará recursos para implementar un Sistema Nacional de Cuidados y el proyecto de Sala Cuna para Chile.

Modernización del Estado

En otro plano, se proponen 12 medidas de modernización y reforma al Estado; 36 para el impulso al crecimiento; 30 para fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias; 12 principios para un sistema tributario moderno y otras medidas 3 para hacer seguimiento y evaluación de lo implementado.

Para modernizar y reformar el Estado, se propone crear una Agencia de Calidad de Políticas Públicas, a cargo de la evaluación de programas y políticas públicas, así como de la política regulatoria del Estado; implementar una estrategia de revisiones selectivas de gasto, tomando las recomendaciones de la OCDE; la ejecución del plan de acción de la “Comisión Jaraquemada”; avanzar en una estrategia de descentralización fiscal balanceada, transparente y responsable; entre otros.

Potenciar el crecimiento

Las medidas para impulsar el crecimiento, en tanto, están agrupadas en cinco categorías:

1. Racionalización regulatoria para proyectos de inversión, con lo que se busca reducir en al menos un tercio los tiempos de tramitación para los proyectos estándar.

2. Incentivos tributarios a la inversión ampliando, por ejemplo, entrega de beneficios para investigación y desarrollo.

3. Diversificación productiva, para lo que se implementará un plan de transición para la generación de energías renovables.

4. Desarrollo de infraestructura, ampliar y agilizar el programa de concesiones.

5. Formalización de la economía, para lo que se buscará controlar la informalidad y, a su vez, incentivar la formalización.

Todas estas medidas, sostuvo Hacienda, “están construidas sobre la base de principios para un sistema tributario moderno, los cuales abarcan legalidad, justicia tributaria, suficiencia, eficiencia económica, no afectación, reciprocidad, compromiso con el cumplimiento tributario, simplicidad, educación y asistencia al contribuyente, estabilidad y certeza, y desarrollo tecnológico y adaptabilidad”.

Sistema Tributario

El fortalecimiento del sistema tributario, por su parte, se divide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el impuesto a la renta.

Para lo primero hay 29 propuestas en esa línea; mientras que para lo segundo el Gobierno preparará un proyecto de reforma del sistema de impuestos a la renta orientado a incrementar los ingresos estructurales, netos de mayores gastos tributarios, en el equivalente a 0,6% del PIB al año 2027.

“Esto permitirá que para ese año se pueda asegurar el financiamiento del 100% de las necesidades de gasto antes detalladas. Dicha iniciativa ingresará en marzo de 2024”, dijo Hacienda en un comunicado.

Clase media y apoyos

Para sacar adelante estos proyectos, el Ejecutivo se comprometió a incluir medidas de apoyo para la clase media; ajustes necesarios para la nueva ruta del emprendimiento; medidas tributarias de incentivo a la inversión y la productividad; reducir la tasa del impuesto de primera categoría, compensando con un incremento en la tributación de las rentas personales sobre ingresos de capital y las rentas más altas, entre otras medidas.

Finalmente, el Pacto considera medidas de monitoreo a lo implementado, a través de la creación de una Comisión de Seguimiento y una evaluación a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) al cabo de tres años, para identificar grados de cumplimiento y resultados especiales.