En el marco del lanzamiento del plan de Estrategia Nacional de Integridad Pública, el presidente Gabriel Boric anunció que enviará un proyecto para levantar el secreto bancario a fin de controlar la evasión y elusión en Chile.

Si bien desde el sector empresarial han valorado la medida, en el Parlamento hay debate respecto del mecanismo que contempla dicho proyecto, particularmente sobre quién o quiénes tendrán la facultad de acceder a esta información en los casos pertinentes.

Antecedentes

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó dos informes estadísticos en 2023, en junio y agosto respectivamente. El último informe emitido arrojó que en la primera mitad del año se recibieron 5.764 Reportes de Operaciones Sospechosas, lo que se traduce en un alza del 6,8%.

De ese total, 3.174 fueron enviados por los bancos, 558 por las AFP, 388 por las empresas de transferencia de dinero y 358 por los corredores de bolsas.

Dentro de la discusión del Pacto Fiscal estuvo inmerso en el debate lo que tiene que ver con el cumplimiento tributario y, en esa línea, mecanismos para mejorar la eliminación de la evasión y elusión de impuestos.

Esta materia estuvo contemplada en la reforma tributaria que se rechazó en marzo, pero esta vez el anuncio fue independiente a la discusión del Pacto Fiscal.

Idea de levantar el secreto bancario

El ministro de Economía, Nicolás Grau, sostuvo que esto es recién un anuncio y que más adelante se conocerán detalles concretos del mecanismo con el que operaría el proyecto.

Valoró que además es una forma de ayudar a combatir el crimen organizado.

Desde el sector privado, el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echevarría, destacó el anuncio como “otra forma de potenciar la recaudación tributaria, no sólo con el alza de los impuestos”.

Desde la oposición se han mostrado críticos particularmente al mecanismo bajo el que operaría este proyecto.

Es decir, sobre quiénes tendrían la facultad de intervenir —en las ocasiones que así se estime conveniente—, enfatizando en que esta debe ser potestad única de un juez y no de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La senadora del PPD y presidenta de la Comisión de Economía en la Cámara Alta, Loreto Carvajal, reiteró el ingreso del proyecto, mientras que el senador de la UDI y su par en la Comisión, José Miguel Durana, dijo que esta facultad ya existe.

Durana apuntó que lo que se está planteando incurriría en la vulneración a la privacidad de las personas.

Otros parlamentarios de oposición han planteado que antes de ingresar un proyecto como tal, el Gobierno debería preocuparse primeramente de frenar la corrupción dentro del aparato estatal.