La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este miércoles que, tras una sesión extraordinaria, acordó presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de soborno en contra de Luis Hermosilla Osorio, Daniel Sauer Adlerstein y María Leonarda Villalobos Mutter.
Ello, luego que en las últimas horas se revelaran audios en donde el abogado Hermosilla menciona pagos a funcionarios de la CMF y del Servicio de Impuestos Internos (SII) para intentar salvar a su cliente (Sauer Adlerstein).
Él, junto a su hermano Ariel, son dueños y directores de STF Capital Corredores de Bolsa y del factoring Factop CBP. Ambas firmas han sido sancionadas y multadas por la CMF por operaciones irregulares.
Sobre STF Capital pesa una multa que asciende a 13.500 UF, más de $480 millones. Para los hermanos, el regulador determinó una sanción adicional de 9.000 UF cada uno (unos $324 millones aproximadamente) por entregar información falsa y se les inhabilitó para ejercer como director o ejecutivo principal en las entidades fiscalizadas.
Investigación interna en la CMF
En un comunicado, la CMF explicó que su Consejo respaldará instruir una investigación interna a objeto de determinar eventuales infracciones administrativas y las sanciones que resulten pertinentes.
“Para el Consejo de la CMF resulta de la máxima gravedad que se intente influir en las decisiones de organismos públicos mediante favores o pagos de algún tipo, como asimismo aceptarlos o solicitarlos”, indicó en un comunicado.
Subrayó que el actuar de la institución y sus funcionarios se enmarca en decisiones colegiadas y basadas “exclusivamente en criterios técnicos que resguardan la objetividad y probidad”.
Respecto de las empresas STF Capital Corredores de Bolsa y sus directores, Daniel Sauer y Ariel Sauer, y su gerente general, Luis Flores, todos sancionados con máxima severidad por la CMF; y Factop Corredores de Bolsa de Productos, sobre la que pesa la suspensión de sus operaciones; el Consejo fue enfático en remarcar que “el actuar de la Comisión ha sido de total diligencia, probidad y transparencia, como consta en el historial y los fundamentos de sus decisiones, que se encuentran a disposición del público”.
Por último, el regulador afirmó que su Consejo quedó “plenamente a disposición del Ministerio Público en la investigación que éste ha iniciado”.