El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en medio de la presentación de su informe semestral ante el Congreso, lanzó una advertencia respecto al deterioro fiscal, el cual puede extenderse durante los próximos años.
Lo anterior se basa en distintos riesgos, como una menor actividad minera, caída en los precios del cobre y litio, una reactivación económica débil y mayores presiones en el gasto público.
Por lo anterior, el presidente de la CFA, Jorge Rodríguez, comentó frente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que se debe “retomar la senda de consolidación fiscal iniciada en 2022, hasta llegar a valores para el Balance Estructural (BE) cercanos a cero en 2027, para lograr estabilizar la deuda pública por debajo del nivel prudente del 45% del PIB“, según se recoge en un comunicado del Consejo.
Déficit fiscal a detalle
Sobre los riesgos observados por el organismo, se detalló que el déficit proyectado para 2023 se debe, principalmente, a la baja en los ingresos mineros y no mineros.
A su vez, existen mayores presiones sobre los gastos fiscales dado los diversos paquetes de medidas por emergencias, un mayor gasto en salud y una cobertura más amplia de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Según Rodríguez, estos riesgos, alertados por la CFA, podrían repetirse en 2024, lo que a su vez prolongaría el deterioro fiscal.
Además, si bien la deuda bruta tendrá un leve crecimiento en 2023, la proyección al alza hasta el 2025 preocupa al Consejo Fiscal Autónomo, quien hizo un llamado al Ejecutivo y al Congreso para que ambos refuercen compromisos para la sostenibilidad fiscal.
10 riesgos fiscales
En este sentido, el CFA presentó 10 materias las cuales podrían afectar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Uno de estos son los riesgos financieros internacionales por los diferenciales de tasas entre economías desarrolladas y emergentes, dado que mientras unas siguen restrictivas, las otras van a la baja. Se añade a lo anterior la evolución económica de China y su influencia en los precios de materias primas como cobre y litio.
Un tercer punto se refiere a la implementación del Pacto Fiscal que busca impulsar el Gobierno del presidente Gabriel Boric, donde el presidente del Consejo “valora la combinación de políticas para financiar gastos permanentes”, pero que se debe monitorear su implementación para que se ajusten los ingresos y gastos.
La lista también cuenta con los posibles efectos de la crisis financiera de las Isapres y el avanzar en descentralización fiscal sin normar que velen por la sostenibilidad.
También se cuenta la caída productiva de Codelco y su impacto en las contribuciones fiscales a mediano y largo plazo; además de los ingresos derivados del litio, y cuántos de estos son permanentes.
Finalmente, se citan las definiciones en materia de institucionalidad que se deben tomar en el proceso constituyente; el aumento del endeudamiento público por vías que no se registran contablemente, y a su vez se llama a evitar una disminución de confianza en el buen uso de los recursos públicos, lo que a juicio del Consejo, puede derivar en una menor “moral tributaria”, lo que dificultaría la labor del Fisco al momento de aumentar su recaudación.