Dos isapres -VidaTres y Banmédica- determinaron durante la presente jornada dejar de captar nuevos afiliados, es decir, detuvieron la venta de planes hasta que se tenga claridad con la forma en que se procederá con el nuevo fallo que dictaminó la Corte Suprema.
En detalle, hoy se conoció que el máximo órgano jurisdiccional del país ordenó dejar sin efecto los aumentos que aplicaron las instituciones a la prima GES, lo que derivaría en devoluciones (por sobrepasar los márgenes).
Ese fallo se vino a sumar a aquel que mandató a las isapres a aplicar la tabla de factores y que, en efecto, bloqueó el alza de los planes de salud.
Las dos mencionadas isapres (VidaTres y Banmédica), debido a lo anterior, comunicaron a sus ejecutivos suspender la venta de los planes hasta nuevo aviso.
Ambas pertenecen al mismo holding, Empresas Banmédica, con presencia en el rubro de la salud en Chile hace más de 25 años.
Francisco Fernández, gerente comercial de VidaTres y Banmédica, redactó en una misiva que esperarán conocer eventuales ajustes a los precios y productos, para luego tomar decisiones nuevas al respecto.
El nuevo fallo de la Suprema
La Corte Suprema emitió un nuevo fallo relativo a las isapres. Ya había acogido el que les ordenó que se abstuvieran a aplicar la tabla de factores y que, por tanto, bloqueó el aumento de los precios de los planes.
Sin embargo, las instituciones sí aplicaron aumentos relacionados a la prima GES (Garantías Explícitas en Salud) en octubre de 2022. Por ello, este nuevo fallo determinó dejar aquello sin efecto para todos los afiliados, lo que derivaría en devoluciones (por sobrepasar los márgenes).
A diferencia de las personas afiliadas a Fonasa -que financian las GES con cargo al 7% de su renta imponible- los afiliados a isapres deben pagar el precio que cada una de ellas establezca.
Las isapres deberían próximamente reajustar el cobro GES a un tope anual (7,14 UF). Eso sí, ahora deberá ser la Superintendencia de Salud quien tendrá que resolver el eventual proceso a seguir.
Las isapres han enfatizado que las decisiones judiciales y las propuestas del Gobierno estarían apuntando a un monopolio estatal, “dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”. Posibles devoluciones -por cobros cuestionados históricamente- serían “inviables”.
Víctor Torres, superintendente de Salud, con el primer dictamen de la Suprema en mano dijo en mayo pasado que las instituciones tendrían que devolver “1 billón 121 mil 615 millones 765 mil 157 pesos”.