El Ministerio de Hacienda finalizó la colocación de un bono social en pesos (con vencimiento en abril de 2033) por un total de $1.751.200 millones, equivalente a aproximadamente US$2.200 millones.
La operación, dijo, se realizó mediante la modalidad de construcción de libro (book-building) con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales.
La operación recibió una demanda total, proveniente de 78 cuentas de inversionistas, por un monto equivalente a US$ 6.650 millones en su máximo; es decir, tres veces el monto adjudicado.
El precio inicial de referencia (IPT, por sus siglas en inglés) con el cual se inició a la operación fue de un rango o “área” de 6,125%. “Luego, producto del alto interés concitado, la tasa final de adjudicación fue de 5,80%, equivalente a una baja o compresión de 32,5 puntos base respecto de la cifra inicial y una concesión de 25 puntos base en relación con el valor estimado en el mercado secundario”, sostuvo el Ministerio.
Añadió que la adjudicación a los inversionistas extranjeros “tuvo un resultado histórico para las emisiones soberanas en pesos de la República de Chile, con un 57% del monto total emitido, sobre el récord de 48% obtenido en la transacción similar realizada en 2020″.
Al respecto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que “esta emisión es una muestra más del interés que existe por invertir en instrumentos en moneda local, lo cual refleja los sólidos fundamentos de la economía chilena. Refuerza la confianza de los actores en el mercado nacional, en un entorno macroeconómico que se fortalece y que compromete un manejo prudente de las cuentas fiscales”.
La autoridad agregó que esta emisión se inserta en el plan de colocación de bonos en moneda local de Tesorería para 2023, por un monto equivalente a US$12.000 millones.
Bono social
El bono emitido tiene características sociales, lo cual incluye el financiamiento de proyectos sociales, de acuerdo con lo definido en el Marco de Bonos Sostenibles publicado por el Ministerio de Hacienda en noviembre de 2020.
El Marco establece las reglas para emitir bonos verdes, sociales, y sostenibles, de acuerdo con los estándares desarrollados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA).
“Esta nueva emisión de bonos sociales forma parte de los esfuerzos tendientes a diversificar la base de inversionistas de los bonos de Tesorería. Asimismo, se refuerza el compromiso adquirido por varios años con las emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles, que ampliaron la base de inversionistas hacia aquellos con mandatos especializados en materia ambiental, social y de gobernanza, incluyendo la emisión del primer bono soberano vinculado a la sostenibilidad en el mundo en marzo de 2022″, señaló Hacienda.
Considerando esta nueva emisión, Chile mantiene un monto de deuda ESG por un total de US$37.006 millones, lo que representa un 30% del stock de deuda del gobierno central. De los cuales US$7.324 millones corresponden a instrumentos verdes, US$20.905 millones a instrumentos sociales, US$6.777 millones a instrumentos sostenibles, y US$2.000 millones a instrumentos vinculados a la sostenibilidad (SLB por sus siglas en inglés).
Detalles de la adjudicación
La adjudicación del nuevo bono social BTP-2033 se llevó a cabo mediante un proceso de construcción de libro extra-bursátil (OTC) o book-building, con un libro de órdenes en el cual participaron tanto inversionistas locales como internacionales de manera simultánea, de conformidad con las reglas 144A (“Rule 144A”) y la regulación S, emitidas bajo la Ley de Mercado de Valores de Estados Unidos.
Los inversionistas extranjeros no domiciliados en Chile participaron del proceso a través de la construcción de libro en conjunto con los inversionistas locales, llevándose una proporción mayoritaria del monto adjudicado. Esto permitió la diversificación de la base de inversionistas y la participación de nuevos agentes en la deuda local.
La porción asignada a inversionistas extranjeros será mantenida inicialmente en la cuenta de Euroclear Bank S.A./N.V. en el Depósito Central de Valores, y podrá ser transada en dicha plataforma.
Para esta ocasión, los bancos coordinadores de la operación fueron Bank of America (BofA), Citigroup, Banco Itaú y JP Morgan; y además se contó con la asesoría legal internacional del estudio Linklaters y, a nivel local, del estudio Morales & Besa.