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Las isapres aseguraron que la propia Corte Suprema, tras fijar los nuevos criterios de operación, "ha enfatizado que las soluciones no deben desbaratar el sistema privado".
Ayer el Gobierno, a través de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, evitó dar plazos para la presentación del proyecto de ley corta de isapres y sólo dijo que será “pronto” y “cuando esté totalmente revisado”.
Con ese estatuto el Ejecutivo buscaría garantizar que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, que ordenó a las instituciones de salud privada aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso; junto con fortalecer a Fonasa.
Ahora, y quedando solo semanas para cumplir el mencionado fallo, las isapres indicaron que la fórmula que tiene en carpeta el Gobierno “conduce al colapso de gran parte del sistema privado de salud, perjudicando no solo a los afiliados, sino al sector salud completo”.
“Estimados los costos hacia el futuro, la metodología que pretende impulsar el Ejecutivo equivale a casi 100 años de utilidades. Es inviable, e incumple la promesa del Gobierno de proteger las coberturas de los beneficiarios, pues dichos montos son diez veces el patrimonio de las isapres y no pueden generarse, independiente de los plazos que se proyecten”, comentaron en un comunicado.
Aseguraron que la propia Corte Suprema, tras fijar este nuevo criterio de operación, “ha enfatizado que las soluciones no deben desbaratar el sistema privado”.
“Pero la propuesta del Ejecutivo causa eso y más: restringirá el derecho constitucional de elección entre un sistema privado y uno público, empujando hacia un monopolio estatal de salud, de facto, muy lejos del ordenamiento requerido en la sentencia (…)”, añadieron las isapres.
En la misma línea, señalaron que han informado reiteradamente al Gobierno sobre los alcances y efectos “irreversibles” que tendría el persistir en esta propuesta, la cual -a su juicio- “no tiene lógica sanitaria ni persigue mejoramiento alguno”.
“No comprendemos, más allá de la captura política que ha marcado su definición, por qué se impulsa, aún a riesgo de menoscabar el acceso a la salud de todos los chilenos, haciendo partícipe al Congreso y pretendiendo endosarle responsabilidad en una eventual crisis sanitaria”, sentenciaron las isapres en su comunicado.
Por último, remarcaron que tienen a al menos tres millones de afiliados y que la salud “debe pesar sobre cualquier consideración ideológica, y eso pasa por buscar un mecanismo que permita cumplir el fallo, manteniendo el funcionamiento del sector privado de salud”.
