El pasado miércoles el Gobierno vivió una fuerte derrota en el Congreso: contra todo pronósticos, la Cámara Baja votó en contra de la idea de legislar la reforma tributaria, uno de los proyectos emblemáticos del presidente Gabriel Boric y que serviría de pilar para ejecutar otras iniciativas de su programa.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, lamentó la situación y emitió tajantes declaraciones al salir de la Sala.
“Celebrarán quienes evaden los impuestos”, “fue una derrota para el país”, fue parte de lo que dijo ese día.
Ya han pasado dos días y las críticas del Gobierno por lo ocurrido en la Cámara de Diputadas y Diputados no han cesado. Además, el equipo de La Moneda habría concluido que deberán reformular su trabajo prelegislativo.
En esa línea, Marcel volvió a alzar la voz, endureció sus palabras y evitó analizar alguna autocrítica.
“La responsabilidad no es del Gobierno. El Gobierno no apretó el botón para votar rechazo (a la reforma tributaria). Fueron los parlamentarios y parlamentarias”, sentenció.
“Ellos son responsables de esa decisión”, agregó.
Y luego lanzó un dardo: “Lo que la ciudadanía espera es que cuando un parlamentario o parlamentaria se enfrenta a una decisión, si legislar o no, no va a estar preocupado de ‘qué es lo que dijo’ o si le pusieron mala cara”.
Ahora la administración del presidente Boric tiene más de una opción con respecto a la reforma tributaria: esperar un año, insistir con la iniciativa en el Senado -donde podrían sufrir un nuevo revés- o poner sobre la mesa un proyecto nuevo.
En general, la reforma tributaria abordaba modificaciones profundas al Código Tributario, impuesto a la Renta y otros cargos impositivos -como un nuevo impuesto a la riqueza-, junto con la aplicación de nuevas normas antielusión y evasión fiscal.
Buscaba recaudar un 3,6% más del PIB en cuatro años y según los cálculos presentados “obligaría a pagar más impuestos a un 3% de la población”.
Para el Ejecutivo era clave que la reforma viera la luz. Con los ajustes que contemplaba pretendía financiar otras reformas estructurales y ampliar derechos sociales.