La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó hoy el informe preliminar de su estudio sobre el mercado fúnebre, recomendando medidas para aumentar la competencia y disminuir de manera importante el precio de los servicios funerarios y de inhumación, como cementerios y crematorios.
Para ello, el organismo sugirió, entre otras cosas, aumentar la cotización y libertad de elección, eliminar barreras regulatorias a los beneficios mortuorios, facilitar la entrada de nuevos actores y fiscalizar los contratos suscritos con los clientes.
En su estudio, la Fiscalía detectó que aproximadamente un 70% de los consumidores no cotiza entre las diversas funerarias y que un 49% dijo no haber recibido ninguno de los beneficios mortuorios que entrega el Instituto de Previsión Social (asignación por muerte) o las AFP (cuota mortuoria), los que son cobrados directamente por las funerarias.
Eso contribuye a una baja competencia en el mercado, se indicó.
“Proponemos una reforma para aumentar la transparencia en el mercado y permitir una comparación más fácil de los servicios, cambiando de manera relevante las condiciones de la industria para hacerla más competitiva y así obtener bajas importantes en los precios”, señaló el fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.
En este sentido, Riesco señaló que “nuestro estudio demuestra con datos concretos que existe una baja competencia en el mercado por captar a los clientes de servicios funerarios, que los consumidores presentan sesgos conductuales que les impiden cotizar y elegir la mejor opción entre servicios equivalentes y que también existe un gran desconocimiento por parte de la población de los beneficios mortuorios a que tienen derecho”.
FNE recomendó medidas para el mercado de los servicios funerarios
Respondiendo a este diagnóstico, las medidas propuestas por la Fiscalía apuntan a que los consumidores aumenten su cotización por servicios funerarios, haciendo más transparente las prestaciones y los precios que cobran las funerarias.
También se propone la creación de un “Plan Preferente” estandarizado para cada uno de los servicios funerarios que permita un marco de referencia para una cotización más rápida, sin perjuicio naturalmente de la elección final del consumidor del plan funerario que estime más adecuado.
Estas recomendaciones se ven reforzadas por otras medidas, como la de realizar cambios normativos para promover la compra anticipada de los servicios funerarios e introducir una mayor competencia entre todos los establecimientos fúnebres respecto de las prestaciones incluidas por el precio correspondiente al de los beneficios mortuorios, todo lo cual debiese impactar de manera relevante, a la baja, el precio de dichos servicios.
Asimismo, la FNE recomienda permitir una mayor libertad de elección de las personas respecto de los servicios fúnebres que contratan, de tal modo que estos puedan adquirir los bienes vendidos de manera separada y no solamente de manera empaquetada a través de planes.
A esto se suma, establecer una regulación técnica más acabada de los ataúdes que permita, eventualmente, la entrada de nuevos actores en este segmento.
Detectan diferencias de precios de hasta un 29% en servicios funerarios
El Fiscal mencionó también la importancia que tiene el negocio fúnebre para las personas, destacando que “el mercado de funerarias y cementerios obliga a las familias a realizar un gasto ineludible, muchas veces inesperado, en un momento de gran vulnerabilidad emocional, y que representa un porcentaje importante de su presupuesto mensual”.
De acuerdo con los antecedentes recabados por la FNE, a partir de una muestra de funerarias y cementerios, el gasto promedio por un funeral completo sería de $2.345.745, si el destino final fue una sepultura, y de $2.146.425 si fue una cremación.
Con respecto a estos dos últimos mercados, conforme la investigación de la FNE existiría una alta dispersión de precios en lo que respecta a las sepulturas, llegando a encontrarse diferencias de hasta 29% del precio en promedio.
Esta misma dispersión se encuentra en los créditos otorgados por los cementerios para adquirir sepulturas, donde las diferencias llegan a ser de hasta 78% del interés promedio.
Además, existirían relevantes barreras a la entrada para instalar cementerios y crematorios. Tras realizar un estudio de las capacidades disponibles de sepulturas para la región Metropolitana, la FNE llegó a la conclusión de que los cementerios en esta región tendrían una capacidad proyectada máxima de 30 años aproximadamente, considerando una tasa de crecimiento constante a la de los últimos 6 años.
Adicionalmente, respecto de los cementerios municipales, existen antecedentes que dan cuenta de una escasez en ciertas comunas, debido a una falta de adecuada planificación.
Las cláusulas abusivas en los contratos
La FNE también analizó los contratos celebrados entre los cementerios y sus clientes. Respecto de ellos, encontró que no se definiría con claridad la naturaleza del derecho que tienen los adquirentes sobre las sepulturas, lo que contrasta con la encuesta a consumidores, donde el 71% de los consumidores señala ser dueño de las sepulturas.
Además, detectó en ellos cláusulas potencialmente abusivas, especialmente en lo que respecta a las consecuencias derivadas del incumplimiento de los clientes en el pago de las sepulturas y las cuotas de mantención.
Por otra parte, los servicios secundarios prestados por los cementerios (por ejemplo, mantenciones, exhumaciones y reducciones) podrían ser fijados, en algunos casos, de manera arbitraria, poco transparente y discriminatoria.
En lo que respecta a las cremaciones, el estudio permitió concluir que la tasa de cremación en Chile es aún muy baja en comparación a otros países, alcanzando aproximadamente tan solo el 10% de los servicios.
Esto contrasta con otros países como Estados Unidos, España y el Reino Unido, donde la cremación supera el 50% de los servicios fúnebres.
Como se señala en el informe preliminar de la FNE, esto podría deberse al menos, en parte, a que en la gran mayoría de las regiones existe un solo crematorio, lo que podría tener su causa en que existen barreras regulatorias para la instalación de estos establecimientos, exigiéndose requisitos desproporcionados que no responden a criterios técnicos.
Finalmente, la FNE estimó que con la implementación de medidas, de forma conservadora, que se podrían generar ahorros para las personas del orden de $ 39 mil millones anualmente, lo que equivale a US$ 45 millones.
Revisa el informe preliminar completo a continuación: