El Gobierno -a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel-, respondió de forma tajante que no son viables las peticiones de los camioneros que se encuentran movilizados entre Arica y Paine.
En detalle: reducir en 30% el precio de los combustibles por seis meses tendría un costo similar al presupuesto de salud primaria; y dos veces superior al “bono invierno”.
Marcel remarcó que el lunes en la noche, tras varias horas de negociaciones, se llegó a un acuerdo firmado con varias asociaciones del sector. Además de los ajustes a los combustibles, solicitaron más seguridad en las carreteras, formalización de los trabajadores e inversión.
El ministro explicó que el documento que suscribieron ambas partes fue un “Acta de Acuerdos” y no una propuesta por parte del Ejecutivo.
“Más allá de manifestar la contrariedad que genera tener un acuerdo y, al día siguiente o subsiguiente, tener una demanda de estas magnitudes, es importante que la ciudadanía entienda la magnitud de este tipo de peticiones”, indicó Marcel.
Inmediatamente precisó los recursos fiscales que costaría la demanda de los gremios.
“El costo fiscal de reducir un 30% los precios de los combustibles, a través del Mepco, y mantenerlo por seis meses es del orden de los US$2.500 millones, si es que los precios de internación se mantienen como están hoy. Pero si el tipo de cambio sube un 10%, el costo de esta solicitud sube a US$4.500 millones, y si a eso se suma un aumento de 10% en los valores internacionales de los combustibles, la cifra alcanza los US$6.500 millones”, estimó la autoridad.
Lo que piden los camioneros equivale a más de dos bonos invierno
“El bono de invierno que se entregó en agosto pasado costó US$1.000 millones, es decir, la estimación más conservadora del costo de la medida que está planteando esta organización es equivalente a dos y medio veces un beneficio que alcanzó a 7 millones de personas”, afirmó.
Otra comparación posible es con el presupuesto de la salud primaria que es de U$3.000 millones; es decir, “esta demanda equivale prácticamente a todo este presupuesto”, ejemplificó el ministro.
Y añadió que “el crecimiento del gasto público en el Presupuesto 2023 es del orden de los US$6.000 millones. En otras palabras, para poder financiar esta demanda, la mitad del aumento del presupuesto para el próximo año, en lugar de destinarse a educación, a vivienda, a salud, a reducción de lista de esperas en los hospitales, al aumento de la PGU, tendría que dedicarse a subsidiar los combustibles”, sentenció.
Por último, Marcel dijo que estas son “demandas desproporcionadas ligadas a una amenaza de paralización que dificulta el derecho de las personas de transitar por las carreteras, de poder concurrir a sus trabajos, de poder ir a una cita médica. El Gobierno ha actuado con la máxima responsabilidad posible (…)”.