El CDE argumentó falta de antecedentes técnicos y fácticos en el caso de la libreta de ahorros cuyo heredero reclama al menos $1.000 millones. "No existe en la actualidad forma alguna de establecer una individualización de personas a quienes habría que pagar ni detalles de montos de las acreencias", precisó.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en un recurso de reposición presentando tras fallos judiciales, argumentó que “no existen los antecedentes técnicos y fácticos que permitan conocer con exactitud” el estado patrimonial al término de la Caja de Ahorro y Préstamo “Libertad”.
Eso, en el marco del caso de un chileno -Exequiel Hinojosa- que reclama al menos $1.000 millones (monto consideraría antigüedad y reajustes) luego de hallar una libreta de ahorros que era de sus padres ya fallecidos.
Como la entidad ya no existe y los ahorros son heredables, el máximo tribunal sostuvo que debía ser el Gobierno -mediante la cartera de Hacienda- quienes debían dar respuesta a Hinojosa por el dinero.
De acuerdo a El Mercurio el CDE explicó, de manera “categórica”, que “no existe en la actualidad forma alguna de establecer una individualización de personas a quienes habría que pagar ni detalles de montos de las acreencias, con los antecedentes proporcionados por la ex Caja Central de Ahorro y Préstamo”.
Remarcó que hay datos “que no se tienen” porque “no existen los antecedentes técnicos y fácticos que permitan conocer con exactitud el estado patrimonial quedado al término de la Caja Central de Ahorro y Préstamo, ni el detalle de sus activos y pasivos (…)”.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue consultado ayer en la tarde por el caso de Exequiel Hinojosa y su libreta de ahorros; y por los fallos judiciales que señalaron que el Gobierno -a través de Hacienda- debía determinar sobre un eventual pago.
“Hay un procedimiento judicial, hay un recurso que fue presentado. Yo prefiero no pronunciarme sobre temas que están en proceso judicial”, expresó Marcel.
Como la situación no fue resuelta, a principios de mes la Corte de Apelaciones de Santiago alertó que el ministro podría enfrentar responsabilidades penales, ser multado “o hasta suspendido por cuatro meses con medio goce de sueldo”.
Sobre eso, la autoridad reiteró: “no me voy a pronunciar sobre un procedimiento judicial”.
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