El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó un informe sobre desviaciones de las metas de Balance Estructural (BE), regla que permite determinar el nivel de gasto público para cada año.

Así, el CFA analizó -en el marco de su función legal- el cumplimiento de las metas fiscales y los factores que explican sus recientes desviaciones. Además, hizo recomendaciones para asegurar una convergencia fiscal compatible con la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En concreto, el déficit estructural se ubicó en 11,4% del PIB, según lo registrado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2021, superando la meta planteada por el Gobierno para 2021 de un déficit estructural de 4,7% del PIB.

Estas cifras deberán ser actualizadas por la Dipres con las nuevas Cuentas Nacionales publicadas por el Banco Central el 18 de marzo de 2022. Sin embargo, de acuerdo al CFA, esta actualización presenta diferencias acotadas, por lo que el análisis y recomendaciones de este informe no cambiarán mayormente.

“El déficit estructural alcanzado en 2021 (11,4% del PIB) representa el desvío más elevado respecto a la meta desde que existe la regla de Balance Estructural (instaurada en 2001), así como el mayor déficit estructural como porcentaje del PIB”, dice el Consejo en su informe.

Cabe notar que la meta para 2021 fue modificada en dos ocasiones, dijo el Consejo. Así, ante la crisis social de fines de 2019 el Gobierno implementó un plan de protección del empleo y recuperación económica, que implicó un primer ajuste de las metas. En este contexto, la autoridad invocó una cláusula de escape de facto, que implicó que para 2021 la meta pasara de un déficit estructural de 1,2% del PIB a 2,5% del PIB.

Luego, según plantea el Consejo, ante el impacto del covid-19 en la actividad económica, en el empleo y en los ingresos de la población, surgió la necesidad de destinar recursos extraordinarios para hacer frente a la emergencia.

Así, el 14 de junio de 2020 el Poder Ejecutivo y el Congreso suscribieron un “Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo”, el que definió un espacio de gasto adicional por US$12.000 millones, en un plazo de 24 meses, para enfrentar la pandemia. Esto implicó una nueva recalibración -mediante decreto- de las metas estructurales en septiembre de 2020, con lo que la meta para 2021 pasó de un déficit estructural de 2,5% del PIB a 4,7% del PIB.

Finalmente, al cierre del ejercicio 2021, “la meta así recalibrada no fue cumplida, verificándose un déficit estructural de 11,4% del PIB, explicado principalmente por medidas de gastos adicionales para hacer frente a la pandemia y sus efectos”.

En este escenario, por último, el Consejo reitera una serie de recomendaciones para enfrentar los desvíos de las metas y continuar con una senda de convergencia que permita asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.

Las 8 sugerencias planteadas por el CFA

1. Las metas de balance estructural para el periodo 2022-2026, que deberán ser establecidas mediante decreto dentro de los primeros 90 días de comenzada la nueva administración, debiesen implicar una convergencia fiscal realista, pero exigente, de forma tal de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

2. Revertir efectivamente las medidas fiscales adoptadas para enfrentar la pandemia, dada su naturaleza transitoria, proceso iniciado en la Ley de Presupuestos aprobada para 2022.

3. Monitorear los pasivos contingentes que puedan gatillarse tras la crisis de la pandemia.

4. Analizar los niveles de los fondos soberanos, en particular del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), de forma tal de establecer un nivel mínimo de estos recursos para asegurar el acceso a liquidez en caso de nuevas emergencias.

5. Establecer una planificación para abordar los desafíos metodológicos que se han diagnosticado en la regla de Balance Estructural.

6. Complementar la regla de Balance Estructural con un ancla fiscal definida como un nivel prudente de deuda neta. Para ello, es necesario que se realicen estimaciones sobre el nivel de deuda pública prudente y sostenible para un país emergente como Chile.

7. Fortalecer la regla fiscal para contar a futuro con cláusulas de escape explícitas y debidamente normadas, para enfrentar eventos exógenos al accionar del Gobierno, de gran magnitud y transitorios, junto con reglas de convergencia posterior que establezcan la ruta de ajuste después de desviaciones de las metas de Balance Estructural.

8. Establecer explícitamente que las metas de Balance Estructural deben ser cumplidas ex-post, de forma tal que si se identifica un potencial desvío del Balance Estructural respecto de las metas, o si este se materializa, deba ser corregido.